В Испании ужесточат наказание okupas за занятие пустующего жилья

La Fiscalía General del Estado se decide a actuar contra los okupas
Dolores Delgado anuncia que en los próximos días dictará una instrucción para unificar la acción de los fiscales frente a «este fenómeno delictivo»
Primero fue el año pasado la Fiscalía Superior de Baleares, este verano la provincial de Valencia y por fin, la Fiscalía General del Estado se ha decidido a actuar para atajar la creciente alarma causada por la ocupación de inmuebles en toda España, delito que ha crecido en Galicia en lo que va de año por encima del resto de las comunidades autónomas, según los datos recabados por el Ministerio del Interior. En la sesión de apertura del año judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado hoy que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las «ocupaciones de morada», al que se ha referido como «fenómeno delictivo». Las dos instrucciones dictadas por el ministerio público tanto en Baleares como en Valencia contaron en el visto bueno de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo que las órdenes que emita Delgado irán por la misma línea de instar a los desalojos, incluso sin necesidad de contar con un permiso judicial, como han indicado en Baleares y Valencia, cuando el delito sea flagrante, ya sea en una primera o segunda residencia, o incluso en bienes en manos de bancos y empresas, para salvaguardar la seguridad de un vecindario afectados por ocupaciones.
Dolores Delgado hizo se anuncio ante el rey y la cúpula judicial, señalando que «la Fiscalía es una muestra documentada de la realidad en material criminal, y también es el reflejo de la sensibilidad de la sociedad a través de la percepción que se traduce en las propuestas legislativas que en ella se formulan», indicó, para añadir que en otras ocasiones no es preciso acudir a esas propuestas, «pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya gozan de una respuesta suficiente en el ordenamiento jurídico». Esta afirmación es la que hace el Gobierno cuando se le cuestiona sobre el auge de las ocupaciones, reiterando que hay herramientas legales suficientes para recuperar un inmueble usurpado desde que el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de junio del 2018. Sin embargo, fiscalías de diversos puntos de España han advertido que el colapso de los juzgados impide desarrollar con agilidad y eficacia las normas contra los okupas cuando un particular presenta una denuncia.
Por ello, la propia fiscal general ha reconocido hoy en su discurso que pese a estar ya reguladas, algunas situaciones «sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía», y es en este contexto donde ha situado el dictado de la nueva instrucción sobre okupación, cuyo contenido no ha adelantado.