Экс-членов президиума парламента Каталонии осудили за неповиновение

El TSJC inhabilita a los miembros de la Mesa de Forcadell por las leyes del 1-O

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В разгар кризиса 2017 года с разрешения президиума на рассмотрение парламента выносились законы, которые противоречили конституции Испании

Бывшие члены президиума парламента Каталонии осуждены по делу, связанному с принятием сепаратистских законов в разгар кризиса 2017 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Высшего суда Каталонии.

El TSJC inhabilita a los miembros de la Mesa de Forcadell por las leyes del 1-O
El TSJC inhabilita a los miembros de la Mesa de Forcadell por las leyes del 1-O

Юридическая инстанция сообщила, что суд «приговорил четырех экс-членов президиума парламента к 20 месяцам лишения права занимать выборные государственные должности». Осужденных также ждет штраф в размере €30 тыс.

Бывших членов президиума парламента обвиняли в неповиновении. Они занимали свои посты в момент, когда спикером каталонской палаты была Карме Форкадель. Она ранее уже предстала перед Верховным судом Испании по делу, связанному с организацией референдума о независимости автономии. Ее приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В разгар кризиса с разрешения президиума на рассмотрение парламента выносились законы, которые противоречили конституции Испании.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado este lunes a 20 meses de inhabilitación a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell por su «contumaz» desobediencia al Constitucional (TC) para permitir la tramitación de las leyes del «procés».
En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC condena a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a 30.000 euros de multa por desobediencia, como pidió la Fiscalía, mientras absuelve a la presidenta del grupo de la CUP en la pasada legislatura, Mireia Boya, porque no recibió ningún requerimiento directo del TC y no podía por su cargo impedir la tramitación de las leyes de desconexión.
Aunque todavía no es firme, la sentencia podría acarrear la pérdida de la condición de diputado para Lluís Guinó, el único de los cinco acusados que actualmente ostenta un cargo público por su escaño en el Parlament, si así lo establece la Junta Electoral.
En el juicio, celebrado en julio pasado, los acusados denunciaron ser víctimas de una «causa general» contra el independentismo, pero el alto tribunal catalán mantiene en su sentencia que no se les condena por su ideología, sino por su desobediencia como «aportación a un plan global y superior» para lograr la independencia de Cataluña.
La sentencia sostiene que la desobediencia de los miembros independentistas de la Mesa «puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente y, por lo mismo, de abiertamente opuesta a las prescripciones del TC».
Para los magistrados, los condenados desobedecieron al Constitucional al admitir a trámite iniciativas parlamentarias con las que «se pretendía a las claras» desarrollar la declaración de ruptura del 9N de 2015, «culminando» con las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica aprobadas los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament, «mediante la convocatoria de un referéndum ilegal y el advenimiento de un nuevo estado en forma de república».
En su sentencia, el TSJC desmonta una de las principales líneas de defensa de los acusados, que alegaron que no podían aplicar una «censura previa» entrando en el fondo de las resoluciones antes de ser debatidas al Parlament, y concluye que sí debieron hacerlo, porque tras la declaración de ruptura del 9N de 2015 el Constitucional introdujo un «matiz» en su doctrina que obligaba a la Mesa a vetar las iniciativas «palmariamente inconstitucionales».
También rechaza que a los miembros de la mesa acusados les amparara la inviolabilidad parlamentaria, ya que sus actos «no pueden tener en ningún caso como finalidad» el incumplimiento de la ley, en especial la Constitución.
Sobre la insistencia de los acusados en denunciar que el TC no tenía «legitimidad» por haberse convertido en un «actor político», el TSJC replica en su sentencia que no existe «ninguna tacha de legitimidad» que pueda justificar la «contumaz inobediencia» a sus directrices.
Es más, según la sala, el TC hizo gala de un «didactismo y de una prudencia encomiables» al explicar en sus resoluciones a los condenados que su planteamiento político era legítimo, «pero que debían someterlo al cumplimiento de las normas de revisión de la Constitución».
Источник eldiario tass

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