Причиной акции протеса прессы послужило изъятие информационных носителей у Хосе Франсиско Местре (José Francisco Mestre) журналиста, сотрудника крупного информационного агентства «Европа Пресс» и местного островного «Диарио де Майорка» (la agencia española Europa Press y del periódico Diario de Mallorca). У него по решению местного суда были изъяты мобильный телефон со всей хранящейся на нём информацией, два компьютера и несколько бумажных документов.
Решение об изъятии было вынесено по расследуемому «делу Курсач» («caso Cursach») о коррупции, в котором замешаны местные политики, муниципальная полиция и главным фигурантом которого является Бартоломе Курсач (Bartolomé Cursach), владелец господствующей на острове сети ночных увеселительных заведений. Постановление суда было приведено в исполнение специальным подразделением испанской судебной полиции (Policía Judicial española).
Акция протеста у Верховного суда организована и поддержана изданиями, с которыми сотрудничает жертва судейского и полицейского произвола, а также многими журналистскими ассоциациям, среди которых называются местные испанские и международные:
— Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
— Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)
— World Editors Forum (WEF)
К делу подключены адвокаты, задача которых — отстоять право право испанской прессы на профессиональную тайну журналистов (secreto profesional de los periodistas), которым по закону разрешено не раскрывать источники информации, — некая отдалённая аналогия с тайной церковной исповеди.
Varias personas se han concentrado este viernes frente al Tribunal Supremo de España en defensa del secreto profesional de los periodistas, después de los intentos de la policía de confiscar documentos y equipos de la agencia española Europa Press y del periódico Diario de Mallorca. Concentración ante el Tribunal Supremo en defensa del secreto profesional de los periodistas y en solidaridad con los compañeros de Baleares #ElSecretoNoSeToca Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando Policía Judicial española, por orden de un magistrado, requirió al periodista de Diario de Mallorca José Francisco Mestre la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo. El mismo día, una comisión judicial incautó el móvil, ordenadores y otro material de trabajo a la reportera de Europa Press Blanca Pou en la delegación de esa agencia en Palma. «La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa», señalaba Europa Press en su página web. «Los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración». Esas maniobras «corren el riesgo de exponer fuentes periodísticas en relación con un caso de corrupción de alto perfil en la isla», condenaron la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el World Editors Forum (WEF) en un comunicado. Bajo la etiqueta#ElSecretoNoSeToca, las protestas se han difundido en Twitter.»Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información», escribía la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en un tuit en el que llamaba a «todos los periodistas madrileños» a participar en la manifestación. Bartolomé Cursach es un conocido empresario del ocio nocturno en Mallorca. El ‘caso Cursach’ investiga su presunta implicación en una trama de corrupción entre encargados de discotecas y locales nocturnos, políticos y policía local para favorecer los negocios del magnate de la noche mallorquí durante años. Entre los políticos investigados, figuran José María Rodríguez, exdelegado del Gobierno y exconsejero de Interior y su entonces mano derecha Álvaro Gijón, actualmente diputado no adscrito. Ambos fueron suspendidos del Partido Popular (PP). Según Europa Press, el auto del Juzgado de Palma de Mallorca que ordenó la confiscación del material de los periodistas investiga un delito de descubrimiento de secretos a petición de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert -directivo del Grupo Cursach- y el Ministerio Fiscal. De acuerdo con el Código Penal español, el delito de descubrimiento y revelación de secretos protege «la intimidad documental y de las conversaciones o comunicaciones, de los secretos y del derecho a la propia imagen, así como los secretos de las personas jurídicas».
