Суд Каталонии обязал власти обеспечить изучение испанского в школах

La justicia obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en Cataluña

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Верховный трибунал Каталонии обязал правительство региона обеспечить, чтобы все учащиеся автономного сообщества 25% предметов изучали на испанском языке, поскольку он является языком межнационального общения в Испании. Об этом 17 декабря сообщила Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).

Суд констатировал, что испанский язык в каталонских школах используется по «остаточному принципу», а закон, обязывающий преподавать на нем не менее 25% школьных предметов выполняет только 2% школ региона.

Решение суда обязывает женералитет (правительство) Каталонии принять необходимые меры, чтобы обеспечить нормальное использование в школах как испанского, так и каталанского языка для всего «сообщества учеников», чтобы избежать их «символического или остаточного использования».

Департамент образования Каталонии, на своей страничке в Twitter, заявил, что обжалует это решение Верховного суда, кроме того, оно станет необязательным, когда вступит в силу новый закон об образовании.

Напомним, новый закон об образовании, принятый недавно депутатами Конгресса, в числе прочего лишает испанский язык статуса языка межнационального общения в сфере образования и статуса государственного языка. Оппозиционные консервативные партии намерены этот закон обжаловать.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció este jueves por primera vez la obligación de impartir al menos el 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo. La sentencia podría comportar un vuelco en el modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña, pero presumiblemente esto no ocurrirá por la intención de la Generalitat de acogerse a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), conocida como ley Celaá, que entrará en vigor dentro de pocas semanas, y que deja de considerar al castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial.
Con todo, el fallo judicial reabrió el debate político entre los defensores del actual modelo y los que reclaman su derogación inmediata, a partir de una frase en la que se asegura: “En conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente”. La Generalitat anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo, mientras que el líder del PP, Pablo Casado, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que paralice la aplicación de la ley Celaá.
El recurso que ha motivado la sentencia lo presentó en abril de 2015 la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que dirigía José Ignacio Wert, quien en 2013 impulsó la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La demanda invocaba la “inactividad” de la Generalitat catalana en aplicar la disposición adicional 38.4 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que data de 2006 y que establece el “derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales” en las comunidades autónomas que posean otra, además del castellano.
El ministerio no reclamaba ningún porcentaje concreto en el uso de ambos idiomas, sino que son los jueces los que han establecido el uso vehicular mínimo del 25% de horas lectivas del castellano que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial, “ha de incluir íntegramente al menos el de otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.
Esta proporción, dice la sentencia, que también cita la Constitución, se establece a partir de los casos individuales planteados hasta ahora en la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal catalán, así como del Tribunal Supremo. El 25%, añaden los jueces, es el “mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”.
El Superior de Cataluña admite sin reparos que su función no es entrar en la concreción de cómo ha de garantizarse el uso de ambas lenguas, pero sí precisa que le corresponde “enderezar la actual situación contraria al ordenamiento”. El motivo, añaden, es que “la Generalitat no ha ejercido su competencia dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, ni ha ejercido una actividad susceptible de evitar la citada situación”.
Источник elpais rossaprimavera

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