Прокуратура подала иск против каталонского спикера: неповиновение

La Fiscalía se querella contra Roger Torrent por desoír al Tribunal Constitucional para reprobar la Monarquía

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Испания. По данным газеты El Periodico, жалобы также подали против трех членов президиума местной палаты

Прокуратура автономного сообщества Каталония представила в понедельник иск против спикера регионального парламента Роже Торрена из-за неповиновения решению Конституционного суда (КС) Испании. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, жалобы также поданы против трех членов президиума местной палаты. Иски связаны с решением руководства парламента позволить рассмотреть ряд инициатив, связанных с самоопределением Каталонии, вопреки решению КС.

41-летний Торрен, который является сторонником независимости автономии, занял пост спикера парламента Каталонии в 2018 году. В октябре 2019 года КС напомнил ему о том, что палата не должна принимать никаких инициатив, предусматривающих шаги по осуществлению права на самоопределение. Тогда суд принял к рассмотрению петицию правительства страны, которое просило отменить несколько разделов резолюции каталонского парламента. В ней осуждалась деятельность короля Филиппа VI и говорилось о защите права на самоопределение.

La Fiscalía ha presentado querella por supuesto delito de desobediencia contra el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa de la Cámara que en 2019 apoyaron la tramitación de resoluciones en favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía. Los fiscales consideran que esta decisión contravino las expresas órdenes del Tribunal Constitucional para que esas resoluciones no se tramitasen, por la falta de competencias del parlamento autónomo sobre esas materias.
Un Govern en pie de guerra con los juristas
La querella, presentada por la Fiscalía de Cataluña tras obtener luz verde de la Fiscalía General del Estado, considera que los hechos serían constitutivos del delito de desobediencia previsto en el artículo 410.1 del Código Penal. Este precepto prevé una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
En una de las resoluciones aprobadas se afirmaba que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”. En otra se subrayaba que el parlamento autónomo “reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía”. Previamente, el Constitucional había admitido a trámite los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno contra estas resoluciones, acordando la suspensión de su tramitación. El tribunal había ordenado asimismo advertir personalmente al presidente y a los miembros de la Mesa de la Cámara catalana “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada, con apercibimiento de incurrir en eventuales responsabilidades, incluida la penal”.
La actuación de la Fiscalía fue instada por el Constitucional el 28 de enero de 2020, desde el convencimiento de que era preciso estudiar la procedencia de la actuación en vía penal después de que la Mesa del Parlament hubiera desoído varias veces sus advertencias. Además de Torrent, la querella se dirige contra Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, ambos de JxCat, y contra Adriana Delgado, de ERC. En el Constitucional existía extrañeza por la falta de respuesta de la Fiscalía, un año después de la resolución por la que se acordó remitir a los fiscales testimonio de particulares sobre la supuesta desobediencia.
La Fiscalía no pudo obtener con rapidez toda la documentación parlamentaria del caso, y luego decidió esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) celebrase el juicio oral contra cuatro diputados de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura, también acusados de desobedecer con “contumacia” al Tribunal Constitucional en 2017.
Источник elpais tass

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