Инфляция в Испании в марте текущего года достигла 9,8%. Такие данные опубликовал в среду национальный институт статистики королевства.
«Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в марте 2022 года составляет 9,8%», — уточнили в институте. По его информации, это самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале он составлял 7,6%.
«Эта динамика обусловлена общим увеличением большинства его элементов. К ним относятся повышение цен на электроэнергию, топливо и горючее, продукты питания и безалкогольные напитки», — отметили в институте статистики.
La inflación en España escaló en marzo hasta el 9,8 % respecto al mismo mes del año anterior, 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero (7,6 %) y la más alta desde 1985, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos adelantados este miércoles correspondientes al índice de precios de consumo (IPC) reflejan que este significativo aumento se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, sobre todo de la electricidad, cuyos precios han alcanzado récords en España; los carburantes y combustibles, cuyo encarecimiento se ha agudizado tras la invasión de Rusia en Ucrania; y los alimentos y bebidas no alcohólicas.
La inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, registró un repunte de cuatro décimas en marzo, hasta colocarse en el 3,4 %, la más alta desde septiembre de 2008.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, destacó que este repunte “en un 73 %” es atribuible al impacto de la guerra en Ucrania, “por el desbocado precio de la energía y los alimentos no elaborados”.
En este marco, los trazos gruesos de las nuevas ayudas para amortiguar el impacto económico de la invasión rusa, significan que se desembolsará 6.000 millones en medidas directas y 10.000 millones en préstamos con garantía estatal para ayudar a empresas y familias a reducir la factura energética, subidas en los combustibles, detener la actualización de alquileres y de este manera hacer frente a la inflación.
La política de choque del Ejecutivo, luego de cierta inercia que comenzó a inquietar la vida pública en el país, busca reaccionar frente a la huelga de transportistas y el enfrentamiento con todos sus aliados por el giro en la posición sobre las relaciones con el Sáhara de Pedro Sánchez y su equipo de gobierno.