Министр юстиции автономного сообщества Валенсия Габриэла Браво сообщила, что на проституцию приходится 0,24% регионального ВВП.
По информации ведомства, около 8500 жителей Валенсии каждый день пользуются услугами проституток, тратя на них примерно 762 тысячи евро.
Проституцией в трех провинциях Валенсии (Аликанте, Валенсии и Кастельоне) занимаются около 10 тысяч женщин. Во время пандемии эта сфера деятельности никуда не исчезла, но претерпела изменения. Если раньше девушки работали в клубах и на улицах городов, то теперь они принимают клиентов дома, а основной площадкой для их поиска стали социальные сети.
Las propuestas del grupo de trabajo y las medidas a aplicar se basarán en buena medida en dos estudios de campo que llevarán a cabo la Universitat de València y la Universidad Miguel Hernández de Elche, encargadas de realizar una “gran radiografía de la situación de este problema en la comunidad autónoma”, ha añadido.
Según Gabriela Bravo, el negocio de la prostitución genera en la Comunidad Valenciana el 0,24 % del PIB, con “8.500 hombres pagando cada día 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en las tres provincias”, lo que genera un beneficio basado en el crimen y la violencia sobre la mujer ejercida por la trata.
Justicia ha impulsado este foro al entender que la prostitución como forma de explotación sexual supone “una forma extrema de violencia contra las mujeres, representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales, y constituye una de las violaciones de los derechos humanos más graves”, según la resolución que publicó este lunes el Diari Oficial de la Generalitat.
El Foro reunirá, a lo largo de este año, a entidades, personas expertas, juristas, Administraciones e instituciones académicas que elaborarán un paquete de propuestas para acometer los cambios legales y las políticas asistenciales necesarias. El acto de este martes ha contado también con la participación de Concha Hurtado, representante del Front Abolicionista, y con la directora de cine documental Mabel Lozano. Ha asistido también la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, y la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia, Teresa Gisbert, entre otros.
Bravo ha explicado en su discurso que “el debate abolicionista está, desafortunadamente, postergado, pero para la Generalitat es una prioridad”, y ha concretado que, aunque este complejo problema es todavía en buena medida invisible, sí se conocen cifras: el negocio de la prostitución representa 278 millones de euros al año, es decir, el 0,24% del Producto Interior Bruto valenciano.