Крупное коррупционное дело, связанное с черной кассой правой «Народной партии» (Partido Popular, PP) начнет рассматривать 8 февраля Национальная судебная коллегия королевства, сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).
Суд рассмотрит, был ли ремонт центральной штаб-квартиры партии оплачен деньгами из «черной кассы» PP. Предполагается, что на эти цели было израсходовано €888 тыс., поступившие из «черной кассы» партии.
Заседание начнется с показаний бывшего казначея партии Луиса Барсенаса — ключевого фигуранта дела, который решил начать сотрудничать с правосудием. Несколько дней назад Барсенас дал следователям антикоррупционной прокуратуры громкие показания. В них он повторил известные ранее факты. В частности, что «черная касса» партии пополнялась «пожертвованиями» предпринимателей, в благодарность за присуждение их компаниям крупных госконтрактов, и о выплате из этой «черной кассы» партийным функционерам «прибавок» к зарплате.
Однако кроме этого, экс-казначей заявил, что тогдашний премьер-министр Испании Мариано Рахой был «прекрасно осведомлен» о существовании «черной кассы», как и тогдашний генеральный секретарь «Народной партии» Мария Долорес Коспедаль. Суд продлится до мая. Предполагаются, что свои показания дадут бывшие председатели правительства Мариано Рахой и Хосе Мария Аснар. Аснар возглавлял правительство Испании с 1996 по 2004 годы, а Рахой — с 2011 по 2018 годы.
Суд также планирует опросить Барсенаса по ряду других нарушений, которые могут быть выделены в отдельные дела. В частности, о предполагаемой покупке издания Libertad Digital на средства из «черной кассы».
Напомним, «Народная партия» уже была осуждена по этому делу в качестве юридического лица, что привело в 2018 году к объявлению вотума недоверия правительству Мариано Рахоя и его отставке.
Todo, en un caso que surge de los llamados ‘papeles de Bárcenas’ que fueron publicados por El Mundo y El País en 2013, un listado detallado de presuntas donaciones de importantes empresarios al partido y del supuesto pago de sobresueldos a muchos miembros del PP, entre ellos los máximos cargos. Hechos que Bárcenas ha vuelto a reconocer, recientemente, en una confesión a la Fiscalía Anticorrupción, en la que también ha cargado contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por ser «perfecto conocedor» de la contabilidad paralela del partido y le ha acusado de destruir unos papeles que la recogían.
Bárcenas confiesa que mostró a Rajoy la contabilidad ‘B’ en 2009: «Destruyó los papeles pero yo guardaba una copia»
¿Qué se juzga?
En realidad, el objeto principal del juicio no es en sí misma la ‘caja B’ del partido, de la que el tribunal no tiene ninguna duda puesto que ya se dio por “plenamente acreditada” en los hechos probados de la sentencia de la primera época de la trama Gürtel. Un sistema de contabilidad paralela que el propio Bárcenas ha dicho que llevaba “institucionalizada” en el partido desde 1982 y hasta 2009.
Las obras en la sede del PP en Génova
El objeto principal de la investigación son las obras que el PP realizó en la sede nacional de la formación, en la calle Génova 13 de Madrid entre 2006 y 2008. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 1,5 millones de euros el dinero ‘negro’ abonado a la empresa de reformas Unifica para estas obras. En concreto, estima en 664.000 euros la partida que fue destinada al estudio de arquitectura en el ejercicio de 2006 y en 888.000 euros el pago efectuado en 2008.
La Fiscalía considera que el PP es responsable civil subsidiario de esta cuestión. Cree también que Bárcenas y el extesorero que le precedió, Álvaro Lapuerta, negociaron con el arquitecto, Gonzalo Urquijo, realizar parte del pago con dinero de la contabilidad paralela del partido, algo que que conocía el entonces gerente del partido, Cristóbal Páez, también imputado. La finalidad, según el Ministerio Público, era “dar salida” a los fondos opacos del PP y “obtener un 8 o 10 por ciento” en la parte de la obra satisfecha con los mismos. Para evitar que Hacienda se diera cuenta, elaboraron certificaciones de obras, facturas y proyectos omitiendo y haciendo constar datos que «no se correspondían con la realidad de los hechos».
La compra de acciones de Libertad Digital
Por otro lado, el tribunal estudia la compra de acciones del diario Libertad Digital por parte de Lapuerta -ya fallecido- y con la participación activa de Bárcenas. Anticorrupción atribuye a Bárcenas un delito de apropiación indebida por ‘prestar’ 139.700 de la caja fuerte del partido dinero a Lapuerta para comprar en 2004 1.270 acciones de este diario para cubrir una ampliación de capital de la compañía.
Todo, en una acción coordinada y planeada por ambos extesoreros para aumentar su capital, cree Anticorrupción. En 2007, Lapuerta vendió esas acciones a un precio de 209.550 euros, sin reponerlos a la caja fuerte del partido.
¿Qué pasa con las donaciones a la ‘caja B’ y los presuntos sobresueldos?
No se juzgarán las donaciones de los empresarios al partido ya que no eran constitutivas de delito en la época en la que fueron realizadas. Sin embargo, la Audiencia Nacional estudia en una pieza paralela, abierta el año pasado, si el objeto de dichas donaciones tenía como finalidad la adjudicación de importantes obras públicas durante el Gobierno de José María Aznar, con varios ministerios implicados y por valor de 570 millones.
De hecho, esta causa contra Bárcenas, cuya instrucción fue concluida en 2015, se reabrió en 2017 después de que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, asegurara en el juicio que cobró comisiones a cambio de adjudicaciones y que de ese dinero le daba un 3% a Bárcenas por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.
Respecto a los delitos por los presuntos sobresueldos, éstos habrían prescrito, tal y como ya quedó acreditado durante la instrucción de este caso que fue elevado a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento en 2015.
¿Quiénes son los acusados y a qué penas se enfrentan?
Bárcenas, que cumple una condena de 29 años por la sentencia de la primera etapa del caso Gürtel, es el principal imputado y la Fiscalía pide para él cinco años de prisión. Está acusado de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida y falsedad documental.
También estará en el banquillo de los acusados quien fuera su sustituto como gerente del PP, Cristobal Páez -para el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel-, así como Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, los responsables del estudio de arquitectura Unifica, encargada de remodelar la sede del PP, para quienes el Ministerio Público reclama una pena de tres años de prisión.