Прокуратура Испании призвала власти принять меры против педофилии в церкви

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Генеральная прокуратура Испании направила в министерство юстиции доклад, в котором анализируется проблема педофилии в католической церкви. Авторы доклада пришли к выводу, что до сих пор не последовало должной реакции ответственных учреждений, и правительство Испании должно принять меры для противодействия. Об этом пишет газета El Pais 24 июня.

Прокуратура предлагает правительству последовать примеру таких стран, как Нидерланды и Австралия, где были созданы независимые национальные комиссии. Эти комиссии вели расследования годами, опрашивали пострадавших и составляли итоговые отчеты. Жертвам была обещана компенсация.

Прокуратура отмечает трудности расследования дел о совращении несовершеннолетних в церкви, поскольку это очень непрозрачная среда. Поэтому до сих пор сложно установить точное число пострадавших. В случае получения информации о подобных преступлениях прокуратура рекомендует обращаться к светским, а не религиозным властям.

Австралийская комиссия за пять лет расследования пришла к выводу, что в период с 1980 по 2015 год местная католическая церковь получила 4,5 тыс. жалоб о предполагаемых преступлениях, совершенных 1880 священниками. В Нидерландах комиссия установила, что с 1945 по 2011 год жертвами педофилов в церкви стали от 10 тыс. до 20 тыс. детей.

La Fiscalía General del Estado ha enviado un informe al Ministerio de Justicia en el que analiza la situación actual del problema de los abusos a menores en la Iglesia, y llega a la conclusión de que la respuesta de las instituciones es muy deficiente, necesita un gran impulso y el Gobierno debe moverse y tomar medidas. La Fiscalía muestra su preocupación y propone, en la práctica, que España abandone su pasividad oficial y se coloque a la altura del resto de países que han afrontado la cuestión. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sugiere imitar el trabajo de países como Australia y Holanda. En ellos se crearon comisiones nacionales independientes que investigaron los casos durante años, abrieron canales para que las víctimas pudieran aportar su testimonio, realizaron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Después, las víctimas fueron indemnizadas.
La llamada de atención de la Fiscalía es un paso muy significativo. Constituye la primera reacción de los poderes públicos al creciente número de casos del pasado que están emergiendo en los últimos ocho meses, desde que EL PAÍS comenzó a investigar el fenómeno en octubre de 2018. El ministerio público ha preparado el informe a petición de Justicia, que el pasado mes de febrero, en pleno auge del escándalo, le encargó un examen de la situación. En concreto, el ministerio pidió una relación de los casos de abusos a menores en la Iglesia abiertos en este momento en los tribunales, con diligencias previas. El escrito de respuesta no aporta mucha luz en ese sentido, pues se limita a responder con las cifras generales del delito de abusos a menores: las bases de datos de cada provincia no clasifican específicamente si el acusado es un religioso.
A pesar de la ausencia de cifras claras, precisamente el principal problema a la hora de abordar este asunto, la Fiscalía sí detecta una alarma social y hace sus valoraciones. El escrito detalla que el trabajo diario del ministerio público sobre estos casos ha podido constatar las tremendas dificultades que encuentran para detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos, por tratarse de entornos muy opacos.
Es más, la preocupación por esta circunstancia lleva a la Fiscalía General a recomendar que las personas que tengan conocimiento de algún caso de abuso de menores acudan inmediatamente, y en primer lugar, a las autoridades, y no a la Iglesia. Aconseja denunciarlo en la Fiscalía o a los departamentos de protección a la infancia de las comunidades autónomas, para evitar una intervención o un filtro previo de las instituciones religiosas. Es necesario también, subraya la Fiscalía, revisar y actualizar los protocolos de detección de abusos a menores.
El ministerio público señala que sigue muy de cerca la actitud de la Iglesia católica española a través de los distintos protocolos de actuación que ha puesto en marcha para luchar contra los abusos. Por ejemplo, los aprobados en las diócesis de Burgos, Astorga o Sigüenza. Sin embargo, la Conferencia Episcopal se sigue negando a investigar los casos del pasado, solo admite examinar las denuncias que se presenten caso por caso y, además, traslada la responsabilidad a cada diócesis. A finales del año pasado anunció la creación de una comisión para actualizar los protocolos existentes en la Iglesia contra los abusos a menores. Pero no ha dado cuenta del resultado de sus trabajos ni ha actualizado, de momento, sus protocolos.
En todo caso, al margen de la respuesta eclesiástica, la Fiscalía española propone iniciar contactos entre instituciones para articular iniciativas más intensas para combatir el problema. Es necesario, según señala el escrito, articular canales fluidos que permitan actuar cuanto antes. La Fiscalía española traslada al Ministerio de Justicia su compromiso para colaborar en cualquier iniciativa de este tipo.
Como fórmulas de referencia, el informe considera muy útil la experiencia de Australia. En este país se creó una comisión que trabajó durante cinco años y concluyó, tras escuchar a 8.000 víctimas y testigos, que la Iglesia católica había recibido 4.500 quejas entre 1980 y 2015 por presuntos abusos cometidos por 1.880 miembros de esa institución. La comisión remitió más de 2.500 casos a la policía. El Gobierno australiano se comprometió a indemnizar con dinero público a las víctimas.
La Fiscalía también cita en su escrito el caso de Holanda y la llamada comisión Deetman, por el nombre de su presidente, el exministro democristiano Wim Deetman. Su informe, presentado en 2011, estableció que desde 1945, entre 10.000 y 20.000 menores fueron víctimas de agresiones que oscilaron entre la violación —alrededor de un millar— y los tocamientos no deseados. Ocurrió en internados, orfelinatos, colegios y seminarios y los autores fueron unos 800 religiosos adultos. Al menos 105 de ellos seguían vivos en 2011. La Iglesia asumió indemnizaciones de entre 5.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.
Источник regnum elpais

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