В Испании кризис экономики спас от бума разводов после карантина

Las dificultades económicas frenan una ola de divorcios tras el confinamiento

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Экономический кризис не позволяет многим жителям Испании предпринять такой шаг как развод. Об этом говорят данные Наблюдательного центра семейного права, опубликованные Испанской ассоциацией семейных адвокатов (AEAFA) 29 декабря, сообщила Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).

После завершения полного карантина в Испании увеличилось количество консультаций по бракоразводным вопросам. Однако экономический кризис, разразившийся вслед за карантином, не позволил этим консультациям превратиться в разводы.

По данным Испанской ассоциацией семейных адвокатов, только 27% адвокатов ассоциации заявили об увеличении разъездов и разводов, по сравнению с обычным всплеском разводов, которые наблюдаются каждый год после рождественских праздников, пасхальных каникул и летних отпусков. Более того, 73% юристов заявили, что количество разводов не изменилось или уменьшилось.

Как отметила председатель AEAFA Мария Долорес Лозано, люди, которые находятся без работы, временно уволены или потеряли свой бизнес, просто не могут содержать две семьи сразу. В ассоциации также констатируют увеличение числа заявлений от разведенных родителей о сокращении суммы алиментов из-за сокращения доходов.

Tres meses de convivencia continua, 24 horas al día de coexistencia entre mediados de marzo y mediados de junio, hicieron presagiar a los especialistas una oleada de divorcios. Pero los pronósticos, de momento, han fallado. No por falta de ganas de separarse en muchos casos, sino porque el impacto de la crisis económica “ha disuadido a muchos españoles de dar el paso para formalizar la ruptura matrimonial”, según un informe de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa).
“El aumento de las consultas que se produjo durante la época del primer estado de alarma, en la que muchísimas personas contactaron con abogados para asesorarse sobre la posible separación o divorcio, no se ha traducido finalmente, al menos en estos dos trimestres después del confinamiento, en un aumento de los procesos judiciales en marcha”, explica María Dolores Lozano, presidenta de la Aeafa. “El hecho de haberse producido una disminución importante en los ingresos o que muchas economías familiares están padeciendo en estos momentos un ERTE, un ERE o cierre de negocios, conlleva que las personas sean muy precavidas y estén esperando que su situación económica mejore para poder abordar un proceso de separación y divorcio, porque evidentemente este proceso tiene una serie de consecuencias económicas importantes”, argumenta.
Crecen las peticiones para la reducción de las pensiones de alimentación de los hijos de divorciados
La tercera entrega del Observatorio del Derecho de Familia indica que solo un 27% de los abogados de la Aeafa ha constatado incremento de rupturas superior al que se produce después de un periodo prolongado de convivencia, como sucede cada año tras el verano, la Semana Santa y la Navidad. En cambio, el 73% de los juristas observa una cifra igual o inferior al de un periodo vacacional. El incremento de separaciones y divorcios que registró el Consejo General del Poder Judicial en el tercer trimestre del año (un 16% más respecto al mismo periodo del 2019) “responde a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parálisis más que a una evolución al alza de las disoluciones matrimoniales”. Los abogados consideran que se trata de una parálisis transitoria. “Muchas personas están esperando un momento más favorable para iniciar su proceso de separación o divorcio”.
Los abogados consideran que se trata de una parálisis transitoria
Mientras la cifra de disoluciones matrimoniales no ha experimentado cambios relevantes, la de peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados sí ha incrementado significativamente. Así lo indica el 53% de los 2.500 abogados de familia consultados por la Aeafa. “El cambio sustancial que se ha producido a raíz de la crisis económica ha provocado una disminución de los ingresos de las personas obligadas al pago de las pensiones de alimentos y de pensión compensatoria, lo que ha motivado la necesidad de redistribuir de nuevo los ingresos familiares para poder hacer frente a esas cargas”, explica Lozano. Para que prosperen estas demandas debe acreditarse un cambio sustancial, no transitorio e involuntario de la situación económica del progenitor.
De la misma manera, a consecuencia del deterioro de los presupuestos familiares los abogados detectan un aumento de los procesos de jurisdicción voluntaria por discrepancias de los padres en el ejercicio de la patria potestad. Son desacuerdos referidos a operaciones de notable impacto económico, como las actividades extraescolares, los tratamientos médicos sin cobertura de la Seguridad Social, como la ortodoncia, o los cambios de colegios privados por centros públicos o concertados.
Источник lavanguardia rossaprimavera

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