В Испании лишают пенсии врача, работавшую во время пандемии

La doctora Anna Vidal, jubilada desde hacía año y medio, no dudo en reincorporarse a la actividad sanitaria durante los peores meses de la pandemia de coronavirus cuando cualquier ayuda era bien recibida. Aunque nada le hacía pensar durante ese tiempo que la Seguridad Social acabaría reclamando su jubilación alegando la incompatibilidad entre percibir una pensión y realizar una actividad sanitaria.
La orden del Ministerio de Sanidad que permitía a los sanitarios jubilados volver a su actividad profesional para afrontar la crisis de la primera ola solo citaba los contratos estatutarios, aquellos que tienen los centros del Institut Català de la Salut (ICS) o equivalentes, es decir, la orden no contaba con los profesionales reincorporados a la sanidad concertada.
“Resulta que la empresa que me hizo el contrato de la pandemia era una entidad privada, la Fundación Althaia, y mi contrato, laboral, no estatutario”, ha asegurado la doctora Vidal al diario La Vanguardia.
Un hombre camina con una mascarilla en el concejo de Siero, Asturias.
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“Cuando cerraron Igualada y empezaron a llegar voces de que el brote había arrasado en el hospital y se necesitaban manos, me decidí. Me puse en contacto con el Col·legi de Metges y con los equipos de Manresa, para ofrecerme. Y me dijeron que hacía falta gente en todas partes, que preferían que me incorporara para apoyar dos de los centros de primaria de Manresa, los que dependen de la Fundación Althaia, que se ocupa de la atención hospitalaria y de gran parte de la primaria de la Catalunya Central, aunque en la Seguridad Social no lo sepan”, explica en el artículo la doctora.
La doctora Vidal se hizo cargo del seguimiento de las altas del hospital así como de las personas que debían pasar la enfermedad en su casas. “Yo era
su contacto, con quien hablaban de lo que les pasaba una o dos veces al día”, afirma.
Tras hacerse efectiva la reclamación, la Seguridad Social le descuenta cada mes 400 euros hasta completar los 3.000 que le reclaman. “El Col·legi de Metges me ha facilitado asesoramiento jurídico, pero si pierdo, tendré que pagar, además de la pensión, las costas”, añade la doctora.