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En apariencia es solo una nave industrial de un polígono de Lepe (Huelva), pero lo que se esconde tras su puerta verde evidencia que con voluntad se pueden encontrar alternativas para los asentamientos chabolistas de temporeros. En sus 313 metros cuadrados, la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) ha construido un albergue temporal para 40 jornaleros. Está casi listo. Falta la cocina, pero las habitaciones de la planta baja, para mujeres, y la de arriba, para hombres, tienen ya literas y armarios. Hay dos zonas de duchas, cuatro lavadoras, salón y comedor. Se ha levantado en plena pandemia, con la única ayuda de aportaciones de particulares en una campaña en redes sociales que ha recaudado 100.000 euros. “Lo hemos hecho nosotros ante la inacción de las administraciones. Es un gesto para demostrar que se pueden encontrar soluciones: no valen las excusas”, explica Seydou Diop, portavoz de Asnuci y uno de los principales promotores del proyecto.
Este alojamiento es la excepción en Andalucía, donde existen 119 asentamientos chabolistas: 40 en la provincia de Huelva y 79 en Almería. En ellos viven unas 13.000 personas, según los datos trasladados por la ONG onubense Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha pedido a la Comisión que investigue la situación. Los poblados se han ido levantando desde finales de los 90 y se han asentado al albur de la industria hortofrutícola que empezó a asimilar mano de obra extranjera a comienzos del siglo XXI.
Javier Pérez, coordinador de Cepaim en Andalucía, explica que “en Almería, los asentamientos siempre han sido permanentes por el tipo de agricultura, y [en ellos] viven familias, con mujeres y niños; en Huelva, al principio, se levantaban solo para lo que duraba una campaña, pero ahora ya viven todo el año y cada vez hay más masificación”. La situación es la misma, o peor, que hace 25 años: carecen de agua potable, luz o recogida de basuras. No hay censos oficiales, pero los cálculos de las diferentes asociaciones que trabajan con ellos coinciden en que entre el 60% y el 80% de sus habitantes están en situación irregular.
La estancia máxima en el albergue de Lepe es de seis meses, lo que dura una campaña. No es una obra de beneficencia y Diop lo deja muy claro. Diop explica que “para entrar hay que ser socio de Asnuci y pagar 96€ de fianza. Es un alquiler y hay que pagar el agua y la luz”. E incide: “Dicen que vivimos en chabolas porque queremos ahorrar dinero y eso no son más que prejuicios, a nadie le gusta vivir así”.
Diop sabe de lo que habla. Llegó hace cuatro años a España desde Senegal y vivió en los asentamientos de Lepe. “Me he roto el alma para salir de esta situación”, explica. Ahora sigue trabajando en el campo como mediador e intérprete. Frente a su albergue se levanta otro. Lo empezó a construir el Ayuntamiento de Lepe en 2005 para alojar a temporeros y en 2011 se abandonó tras una inversión de más de un millón de euros. Ahora lo ocupan un centenar de jornaleros. Uno de ellos, Francisco Braima, de 64 años, asegura: “No queremos nada gratis, pero yo en tres meses no he ganado ni 2.000 euros. ¿Cómo voy a pagar un alquiler?”. Y recuerda el miedo que pasó en los incendios de asentamientos del verano pasado. “Cuando todo arde, vienen a interesarse, pero luego todo sigue igual. Nadie ayuda”, lamenta.
Frente a ese segundo albergue se asoman algunas chabolas de un poblado vecino, iguales a las que a 60 kilómetros rodean a Yousseff Alsisi, que descarga arena en una carretilla. Está amasando un rudimentario preparado de cemento para enlosar la superficie de otra infravivienda. “Bastan cinco minutos para que todo arda y una semana para ponerlo en pie”, dice con una triste sonrisa.