Власти Мадрида открыли офис юридических консультаций «антиокупас»

El Ayuntamiento de Madrid crea una oficina antiokupas para asesorar a las comunidades de vecinos
Dará «soporte jurídico» a los residentes para la resolución de los problemas de convivencia
El Ayuntamiento de Madrid va a crear una oficina antiokupas para asesorar a las comunidades de vecinos sobre las medidas que pueden adoptar para combatir la usurpación de viviendas y los problemas de convivencia que lleva aparejados. El nuevo organismo, dependiente del Área de Coordinación Territorial, dará «soporte jurídico» a los residentes para la resolución de conflictos.
El anuncio lo ha hecho este viernes la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, acompañada del delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes. Juntos han comprobado ‘in situ’ además la demolición de una casa en estado avanzado de degradación en el distrito de Latina para evitar, precisamente, que pudiera ser habitada de forma ilegal.
Tanto este tipo de medidas preventivas como la creación de la citada oficina están incluidas en un Plan Antiokupación elaborado por el Consistorio madrileño y dotado con 1,5 millones de euros. Esta iniciativa contempla el desalojo de seis edificios en el paseo de la Dirección, en Tetuán, y el derrumbe de naves industriales en Villaverde.
Según el último informe de la Delegación del Gobierno, elaborado en 2018, había casi 4.000 viviendas okupadas en la región. El Ayuntamiento de Madrid ha instado a dicho organismo -que ahora dirige José Manuel Franco, del PSOE- a que actualice la cifra, a lo que un portavoz del mismo responde que «la competencia es de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid».
En la Consejería de Vivienda, sin embargo, sólo disponen de cifras de los inmuebles que forman parte de su patrimonio público -no de privados ni de municipales- que han sido «asaltados mediante patada en la puerta»: desde octubre de 2019, cuando se constituyó la Mesa contra la Okupación, han sido usurpados 30 pisos, lo que supone una media de más de tres al mes.
«La okupación provoca inseguridad a los legítimos propietarios y, sobre todo, problemas graves de convivencia», ha señalado Villacís en el acto en el que ha anunciado la creación de la oficina de asesoramiento. «Se manifiestan en cosas como que le quiten el telefonillo, el picaporte o simplemente le hagan la vida imposible», ha añadido la vicealcaldesa.
Entre las actuaciones realizadas ya por el Área de Desarrollo Urbano en lo que va de legislatura está el desalojo de tres naves industriales en Villaverde donde vivían 43 personas de forma ilegal y se cometían los delitos de trata de personas y trapicheo y menudeo de drogas, según ha apuntado Fuentes. «Rogamos al resto de las administraciones que también se pongan las pilas», ha reclamado el concejal.
Desde el ala de Ciudadanos en el Gobierno municipal de coalición compartido con el PP también han solicitado que se apruebe la ley contra los okupas propuesta por el partido de Inés Arrimadas en el Congreso. La idea es que haya un endurecimiento del delito de usurpación en el Código Penal y se agilicen las expulsiones de quienes asaltan una casa ilegalmente y se apropian de ella.
Villacís y Fuentes han asistido a la demolición de una infravivienda situada en la carretera de Carabanchel a Aravaca, de casi 300 metros cuadrados de superficie, que ahora se convertirán en una zona verde y un aparcamiento. Los propietarios solicitaron la expropiación por parte del Ayuntamiento para evitar que fuera okupada, ya que las inmediaciones hay otros inmuebles en esas condiciones, según precisan en el Área de Desarrollo Urbano.
Durante la inspección al inmueble, los servicios municipales constataron la existencia de «graves deficiencias en la estructura de la edificación» que hacían que la estabilidad de los muros se encontrara «muy comprometida». La degradación suponía «un alto grado de inseguridad en el espacio público».