El escándalo en torno a la tragedia de 2024 en Valencia vuelve a cobrar fuerza. Nuevas declaraciones de funcionarios ponen en duda la versión oficial de los hechos y generan interrogantes sobre la respuesta de las autoridades regionales ante una amenaza que costó la vida a cientos de personas. Para los habitantes de la región, no se trata simplemente de otra noticia: está en juego la confianza en el sistema de alertas y la responsabilidad de quienes debieron proteger a la población.
Declaraciones bajo juramento
En el tribunal de Catarroja, el exsubdirector del departamento de Justicia e Interior, Ricardo García, ofreció un testimonio que contradice las palabras de la exconsejera Salomé Pradas. Según García, la administración valenciana era consciente de las capacidades del sistema de alerta de emergencia Es-Alert mucho antes de la catástrofe. Esta declaración llega en pleno proceso de investigación, donde Pradas sigue siendo la principal imputada. Según informa El País, la jueza Nuria Ruiz Tobarra examina por qué la alerta no se emitió a tiempo, ya que esto podría haber salvado decenas de vidas.
Según la investigación, el sistema Es-Alert podría haber sido clave para evitar numerosas víctimas. Sin embargo, García afirma que la decisión sobre su uso se discutió demasiado tarde, cuando la situación ya estaba fuera de control. En ese momento, el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) ya recibía reportes sobre fallecidos y destrozos en localidades como Paiporta y Catarroja.
Crónica de una catástrofe
El día de la tragedia, cuando lluvias torrenciales azotaron Valencia, la situación en la región se deterioraba rápidamente. Ya a las 14:30, el jefe del departamento de análisis de riesgos, Juan Ramón Cueva Camps, informó sobre la situación crítica en Utiel debido a los aguaceros matutinos. Poco después, la atención de los equipos de rescate se centró en el peligro de rotura de la presa Forata en Yátova, donde miles de personas podían verse afectadas. Para las 17:30, se produjo una inundación en la zona del río Magro, cerca de Algemesí, lo que recordó a los testigos las catastróficas riadas del año 2000.
A pesar de la amenaza creciente, la decisión de alertar masivamente a la población a través de Es-Alert se tomó solo al anochecer, cuando el número de víctimas mortales ya aumentaba. Según El País, la jueza subrayó en varias ocasiones que el uso oportuno del sistema podría haber cambiado el desenlace. Testigos destacan que la inseguridad y la falta de experiencia del liderazgo regional fue una de las causas de la demora.
Responsabilidades y consecuencias
Durante las audiencias se evidenció que no solo las capacidades técnicas, sino también el factor humano, desempeñaron un papel crucial. Según los asistentes a la sesión, en la situación de emergencia faltaron decisiones claras y coordinación entre los servicios. Pradas, como única responsable en el momento de la crisis, ahora se enfrenta a graves acusaciones de negligencia.
Recordando otros casos sonados, cabe destacar que las actuaciones de las autoridades en situaciones críticas ya habían sido objeto de debate anteriormente. Por ejemplo, en pleno apogeo de las inundaciones en Valencia, se discutió por qué el exdirigente regional renunció a la escolta minutos antes del almuerzo, hecho que se convirtió en un punto clave de la investigación. Más detalles sobre este asunto en el reportaje sobre las decisiones de la dirección el día de la catástrofe.
Contexto y sucesos similares
España no es ajena a las consecuencias de desastres naturales, donde la vida de miles de personas depende de la rapidez y coordinación de las autoridades. En los últimos años, se han discutido en el país varios incidentes en los que los sistemas de alerta no funcionaron a tiempo o las decisiones se tomaron con retraso. En 2023, una situación similar ocurrió en Murcia, donde la demora en la evacuación afectó a decenas de familias. En Cataluña, en 2022, tras intensas lluvias, también surgieron dudas sobre la actuación de los servicios de emergencia. Estos sucesos subrayan la importancia de que las administraciones regionales no solo dispongan de tecnología moderna, sino que también sepan reaccionar con rapidez ante amenazas.
