
En la región de la capital de España se ha desatado un debate en torno a las nuevas propuestas para afrontar la crisis de personal en la educación escolar. Las autoridades de Madrid han propuesto permitir que no solo los profesores en activo impartan clases de matemáticas, sino también jubilados y estudiantes universitarios que aún no han finalizado sus estudios.
El responsable del departamento de educación de la región solicitó al ministerio revisar las normas vigentes. Según él, los actuales requisitos de cualificación son demasiado estrictos y dificultan cubrir rápidamente la escasez de docentes. Como medida temporal, se propone permitir trabajar en las escuelas a graduados de carreras de ingeniería, estudiantes de últimos cursos y jubilados con experiencia docente.
El Ministerio de Educación, sin embargo, no se muestra apresurado en respaldar estos cambios. El departamento considera que la formación profesional y la posesión de un título específico son requisitos imprescindibles para mantener un alto nivel educativo. Los sindicatos también han expresado su preocupación: están convencidos de que estas medidas rebajarían el estatus de la profesión y empeorarían las condiciones laborales del profesorado.
Las autoridades de Madrid justifican su posición por la situación de emergencia: la falta de profesores de matemáticas se siente no solo en la región, sino en todo el país y también en otros estados europeos. Bajo el llamado “Plan de rescate de las matemáticas” se prevé abarcar a unos 800.000 alumnos en mil quinientos centros educativos. Además de incorporar nuevo personal, el programa contempla la formación continua del profesorado en activo y la implantación de nuevos métodos de enseñanza.
Paralelamente, se debate la idea de reincorporar a jubilados con condiciones flexibles y permitir que los estudiantes empiecen a dar clases a partir del tercer curso universitario. Las autoridades mencionan la experiencia de la pandemia, cuando ya se aplicaron este tipo de medidas y, a su juicio, con resultados positivos.
Sin embargo, no todos los actores del sistema educativo apoyan estas novedades. Las asociaciones de padres insisten en que el país cuenta con suficientes profesionales cualificados, y que la tarea de la administración es garantizarles condiciones laborales dignas. Los sindicatos señalan los bajos salarios y el mal estado de los edificios escolares, factores que, a su juicio, desincentivan a los jóvenes a elegir esta profesión.
En breve, las escuelas de Madrid planean introducir breves sesiones diarias de cálculo mental para los cursos inferiores, así como distribuir materiales didácticos especiales para los docentes. Las autoridades aseguran que todas estas medidas están orientadas a incrementar el interés por las matemáticas y mejorar los resultados de los alumnos; sin embargo, continúan los debates sobre los compromisos aceptables entre la calidad y la cantidad del personal.












