El Gobierno de España ha dado inicio oficial a la preparación del principal documento financiero del país para el año 2026. El primer paso ha sido la aprobación por parte del Consejo de Ministros del denominado “techo de gasto”, así como de los objetivos de déficit y deuda pública. Estos parámetros ahora deberán ser remitidos a las Cortes Generales para su consideración.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compartió los planes según los cuales el proyecto de presupuestos será presentado al Parlamento a principios o a mediados del primer trimestre de 2026. Con este calendario, se prevé que la aprobación definitiva del documento se produzca en abril o mayo. Sin embargo, la ministra subrayó que será necesario un diálogo intenso con todas las fuerzas políticas para lograrlo.
Aun así, el Gobierno está dispuesto a actuar con mayor rapidez si es necesario. La ministra de Hacienda dejó claro que si algún partido político, que en principio no está dispuesto a colaborar, cambia de postura y muestra su apoyo a los presupuestos, el proyecto será presentado de inmediato, incluso antes de finalizar el actual año 2025.
El argumento clave en las negociaciones debe ser el propio presupuesto. El aumento del “techo de gasto” en un 8,5% abre la puerta a una ampliación de los derechos sociales de la ciudadanía y refuerza los pilares del Estado del bienestar. Desde el Gobierno confían en que estas perspectivas hagan el documento atractivo para la mayoría de las formaciones políticas, cuyo apoyo es esencial para su aprobación.
El procedimiento de aprobación en el Parlamento tiene sus particularidades. Las Cortes Generales no votan sobre el «techo de gasto», pero sí deben aprobar los objetivos de déficit y deuda pública. La ley establece que, en caso de un primer voto fallido, el Gobierno deberá someter la cuestión a una nueva deliberación.
Si el segundo intento tampoco prospera, entrarán en vigor los objetivos alternativos que previamente fueron remitidos a la Comisión Europea dentro del plan fiscal estructural. Este escenario resulta menos favorable para las regiones, ya que implica un déficit cero para las comunidades autónomas en lugar del 0,1% propuesto actualmente, lo que reducirá significativamente su margen de maniobra y obligará a recortar gastos. Según estimaciones preliminares, las regiones podrían perder más de 5.000 millones de euros en financiación potencial.
María Jesús Montero expresó su confianza en que todas las votaciones necesarias en el Congreso, incluida una posible repetición, puedan realizarse ya en diciembre de este año. Sin embargo, matizó que los plazos definitivos dependen del propio calendario interno de trabajo del Parlamento.
