
La cuestión de la distribución justa de los fondos públicos vuelve a situarse en el centro del debate social en España. Durante la reunión anual de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se realizaron declaraciones que podrían afectar la estabilidad económica y el clima de inversión en el país. El sector empresarial y los representantes políticos debaten abiertamente cómo resolver el problema crónico de la infrafinanciación regional y crear condiciones para el crecimiento.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lanzó una dura crítica al actual gobierno, acusándolo de incapacidad para reformar el sistema de financiación autonómica. Según señaló, a pesar de los ingresos récord en el presupuesto, regiones como Valencia siguen padeciendo una insuficiencia de recursos. Feijóo propuso la creación de un fondo compensatorio temporal y un ambicioso plan de inversiones de 12.000 millones de euros para la próxima década que permita reducir el atraso.
Destacó que el modelo actual de reparto de recursos no responde a las verdaderas necesidades de los territorios y agrava las desigualdades socioeconómicas. El político puso el foco en el impacto de la inflación y el aumento de la deuda pública, subrayando que, a pesar de la mayor presión fiscal y la llegada de fondos europeos, la situación financiera de las regiones no mejora.
Política y negocios
En el Roig Arena, decenas de empresarios escucharon atentamente las propuestas de Feijóo. Él insistió en la necesidad de elecciones anticipadas para dar a los ciudadanos la oportunidad de decidir el futuro del país. Según su opinión, solo un cambio de rumbo político permitirá llevar a cabo proyectos a largo plazo y garantizar la estabilidad económica.
Al mismo tiempo, el presidente de AVE, Vicente Boluda, hizo un llamado a las autoridades para que pongan fin a los conflictos políticos y se centren en los problemas reales de las empresas. Destacó que la inestabilidad constante y las trabas burocráticas frenan el desarrollo, mientras que la inversión regional beneficia a toda España. Boluda subrayó que los empresarios están dispuestos a invertir en la economía, pero exigen al Estado mayor apoyo y transparencia.
Durante el debate también se trataron temas como la escasez de agua y la necesidad de reformas fiscales. Boluda enumeró los principales obstáculos para el crecimiento: regulación excesiva, procedimientos administrativos complejos y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Respuesta de las autoridades
El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció planes para modificar el impuesto de sucesiones y donaciones con el objetivo de facilitar la transmisión de empresas familiares. Las nuevas medidas contemplan beneficios significativos para parientes hasta el cuarto grado, además de exenciones adicionales para hermanos. Estas acciones buscan preservar empleos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector agrícola y los servicios profesionales.
Llorca subrayó que el AVE desempeña un papel clave en el desarrollo de la región, impulsando la innovación y proyectos de infraestructura como el Corredor Mediterráneo. También respaldó la idea de una financiación autonómica justa, señalando que solo la colaboración entre el sector empresarial y las administraciones puede generar cambios reales.
Durante la asamblea se presentó el nuevo «Barómetro del Empresario», que revela que el sector privado genera el 85,6% de los puestos de trabajo en España y su aportación al PIB alcanza el 87%. En los últimos años, la participación de las empresas en la economía y en los ingresos fiscales ha crecido notablemente, lo que refuerza su importancia para el bienestar nacional.
Burocracia e imagen
Los resultados de una encuesta realizada por la consultora GAD3 muestran que el 85% de los españoles considera que abrir un negocio en el país es complicado debido al exceso de burocracia. La mayoría de los encuestados opina que los empresarios deben participar en el debate sobre cuestiones laborales en igualdad de condiciones con el gobierno y los sindicatos.
El estudio también reveló que para las empresas la principal dificultad no es tanto la carga fiscal ni el acceso a la financiación, sino las normativas obsoletas y la lentitud de los trámites administrativos. Los expertos llamaron a modernizar la legislación para responder a las exigencias del siglo XXI.
Resulta interesante que, pese a todas las dificultades, siete de cada diez encuestados valoran positivamente el papel de los empresarios en la sociedad. Esto indica un creciente reconocimiento de su aporte a la economía y al empleo.
Una mirada desde fuera
Al cierre del evento, la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio destacó que, en la actualidad, la incertidumbre se ha convertido en el mayor obstáculo tanto para las empresas como para la política. Criticó a las autoridades europeas por su excesiva dependencia de socios externos y abogó por una mayor autonomía y responsabilidad. En su opinión, solo actuaciones decididas podrán recuperar la confianza y garantizar la estabilidad.
En el marco del debate sobre los retos políticos y económicos vinculados a la gestión regional y la financiación, conviene recordar cómo recientemente estalló un gran conflicto en Cataluña relacionado con el sistema de transporte. Las interrupciones masivas y las exigencias de dimisiones de cargos públicos han dado pie a intensos debates sobre la calidad de la gestión y la responsabilidad de las autoridades. Más detalles sobre cómo este tipo de crisis impacta en las regiones se pueden conocer en el reportaje sobre las consecuencias del colapso del transporte en Cataluña.
En los últimos años, España se ha enfrentado repetidamente a intensos debates sobre la distribución de los fondos presupuestarios entre las regiones. En 2024, se presentaron demandas similares de reforma de la financiación en Andalucía y Galicia, donde las autoridades locales también se quejaron de la falta de inversiones y las difíciles condiciones para los negocios. En 2025, la discusión sobre nuevos modelos de reparto de recursos se convirtió en uno de los temas principales a nivel nacional, y las asociaciones empresariales aumentaron la presión sobre el gobierno. Estos procesos reflejan el creciente descontento de las regiones y del sector empresarial con el sistema actual y subrayan la necesidad de cambios para mantener la estabilidad económica del país.












