En Madrid, el número de pisos turísticos ha disminuido en los últimos meses. Según datos oficiales, desde julio del año pasado la cifra ha caído en casi tres mil, pasando de 16.959 a 14.297. El Ayuntamiento atribuye esta reducción al nuevo plan urbanístico, que limita la presencia de estos alojamientos en edificios residenciales del centro histórico.
La esencia de los cambios radica en que ya no se puede alquilar pisos a turistas si en el edificio viven residentes habituales. Las autoridades afirman que esta medida protege los intereses de los ciudadanos y evita que el centro se convierta en un enorme hotel. Sin embargo, pese a estas nuevas restricciones, la mayoría de estos pisos sigue operando sin permisos oficiales. El año pasado solo se impusieron 94 multas y legalmente están en funcionamiento algo más de mil alojamientos.
Los partidos de la oposición consideran que el Ayuntamiento exagera sus logros. Según ellos, la caída en el número de anuncios no se debe solo a las nuevas normas, sino también a iniciativas federales. Por ejemplo, el pasado verano se implantó a nivel estatal un registro digital, de modo que plataformas como Airbnb solo pueden anunciar viviendas que estén dadas de alta. Esto dejó fuera de la búsqueda automáticamente a multitud de ofertas ilegales.
Además, la oposición recuerda que, a pesar de la reducción, el número de pisos turísticos en Madrid sigue siendo muy superior al de hace seis años. Durante este periodo, han aumentado en unas 11.000 unidades. Los críticos afirman que el Ayuntamiento no ha tomado medidas suficientes para controlar la situación, y la proliferación de alquileres de corta duración continúa afectando la accesibilidad de la vivienda para los residentes locales.
En resumen, aunque las estadísticas reflejan una disminución de pisos turísticos, el problema sigue vigente. El debate sobre cómo equilibrar los intereses del sector turístico y los de los vecinos continúa abierto. Madrid busca soluciones, pero por ahora no hay una respuesta clara.
