En los últimos meses, Madrid ha experimentado un aumento en las ofertas ilegales para empadronarse. Un trámite normalmente gratuito y esencial para regularizar la estancia, se ha convertido en una fuente de ingresos para personas oportunistas. Se llega a exigir entre 50 y 300 euros por conseguir empadronarse en un piso, o incluso en locales no destinados a vivienda. El problema afecta especialmente a recién llegados, para quienes el padrón es imprescindible para gestionar documentación, acceder a la sanidad o escolarizar a sus hijos.
En redes sociales y aplicaciones de mensajería cada vez aparecen más anuncios ofreciendo “ayuda” con el empadronamiento. Algunos arrendadores incluyen cláusulas específicas en los contratos para cobrar un extra por este trámite. En ciertos casos, se llegan a pedir cientos de euros por una gestión que por ley debería ser gratuita. Ante la dificultad de conseguir cita en el ayuntamiento, muchas personas recurren a intermediarios que prometen agilizar el proceso y garantizar resultados.
Entre quienes han recurrido a estos servicios hay muchas personas que viven en alquileres de corta duración o incluso en apartamentos turísticos. Algunos administradores de fincas y particulares han montado todo un esquema: a cambio de una suma determinada, tramitan el empadronamiento en una dirección donde la persona realmente no reside. Esto no solo es ilegal, sino que además genera riesgos adicionales para ambas partes. En caso de inspección, se puede perder no solo el dinero, sino también la posibilidad de legalizar la estancia en el país.
Escasez de citas y aumento de la vulnerabilidad
La aparición de un mercado negro se debe a la falta de citas disponibles en los ayuntamientos. Oficialmente, basta con presentar un contrato de alquiler y justificante de pago para empadronarse, pero en la práctica cada vez es más complicado conseguir una fecha. Algunos intermediarios acaparan todas las citas disponibles para luego revenderlas a quienes las necesitan. Como resultado, los extranjeros quedan en situación vulnerable: sin empadronamiento no pueden acceder a la sanidad, inscribir a sus hijos en centros educativos o iniciar el proceso de regularización de documentos.
Las autoridades municipales destacan que toda persona que reside en España debe estar empadronada en su lugar de domicilio. Sin embargo, en la práctica, muchos se ven obligados a buscar vías alternativas. En algunas zonas de la capital, cientos de personas figuran registradas en una misma dirección, que suele ser un centro social o un refugio temporal. Tras eliminarse las restricciones para empadronarse en este tipo de instituciones, el número de solicitantes aumentó de forma considerable. En los últimos dos años, miles de personas han aprovechado programas especiales de apoyo dirigidos a colectivos vulnerables.
Consecuencias sociales y nuevos desafíos
Juristas subrayan que el empadronamiento es un paso clave para integrarse en la sociedad española. Sin él, resulta imposible acceder a derechos y servicios básicos. Sin embargo, la situación actual favorece los abusos y la explotación. Quienes no pueden permitirse pagar a intermediarios se encuentran en una posición aún más precaria. Por otro lado, las prácticas ilegales socavan la confianza en el sistema y complican la labor de los ayuntamientos.
Mientras las autoridades buscan soluciones, el mercado de servicios ilegales continúa en expansión. Para muchos extranjeros, esta es la única oportunidad de obtener un estatus legal y comenzar una nueva vida en España. Pero el precio de esta decisión puede resultar demasiado alto, tanto en sentido literal como figurado.
