La legalización de migrantes en España vuelve a situarse en el centro del debate público. Para miles de familias que se encuentran en Madrid sin documentos, no se trata solo de un trámite burocrático: está en juego la supervivencia, el acceso a la vivienda y los derechos básicos. La nueva iniciativa del gobierno podría cambiar el destino de muchos, pero por ahora la gran mayoría vive entre la espera y la inquietud.
Vivir en la sombra
Pamela (nombre cambiado) se sienta en una terraza del barrio Prosperidad, sin despegar la vista del móvil. Sus mensajes de voz viajan a distintos países: tiene a la familia repartida por el mundo. Hace poco mostraba a los periodistas su “hogar”: un antiguo bar, convertido en una estancia minúscula sin ventanas, donde seis personas compartían espacio por 1.800 euros al mes. Han pasado casi dos años desde que salió de Bogotá, pero la sensación es la de haber vivido toda una vida.
A diez minutos de allí, Diana (nombre cambiado) termina su turno en un restaurante del barrio La Concepción. Acaba de cumplir 22, llegó desde Lima junto a su familia en diciembre de 2022. Su primera vivienda fue un sótano de 40 metros cuadrados que compartía con veinte personas. Ahora estudia Derecho por las noches, aunque aún le cuesta creer en un cambio: recibe con cautela las noticias sobre una posible regularización. Quienes están acostumbrados a la sombra, no esperan regalos del sistema.
Un círculo vicioso
Ambas familias se enfrentaron a una trampa típica para migrantes: sin papeles no es posible alquilar una vivienda, sin empadronamiento no se accede a la educación ni a la sanidad, y sin trabajo es imposible sobrevivir. Los intentos de burlar el sistema llevan a encuentros con estafadores que, a cambio de dinero, prometen empadronamiento o ayuda con la documentación. El resultado: un miedo constante, la imposibilidad de hacer planes y la sensación de que cualquier día puede ser el último en España.
Diana y su madre, pese a todas las dificultades, se convirtieron en el pilar de la familia. Los ingresos —provenientes de trabajos como niñera y camarera— se destinan al sustento de las hermanas menores y de los abuelos. Tras varios intentos fallidos de alquilar una vivienda, les ofrecieron un lugar en el sótano de Usera, donde ya vivían 13 personas. Su familia, de siete miembros, obtuvo un rincón en ese espacio húmedo por 2.500 euros al mes. Desde entonces, comenzó la lucha por una vida digna: con papeles, con trabajo y con esperanza en el futuro.
El precio de la supervivencia
Pamela, de 42 años, conoce bien el hambre y el miedo. Abandonó Caracas tras los trágicos sucesos de 2017, cuando las protestas en Venezuela se cobraron vidas. En Colombia conoció a su futuro esposo y, tras ahorrar, decidió no arriesgarse por la peligrosa ruta de la selva del Darién y compró billetes a España. Su marido llegó antes, a Mallorca, y luego ambos terminaron en Madrid, en un diminuto ático por 450 euros, donde incluso el sofá tenía un coste adicional.
Recientemente, Pamela logró obtener un seguro médico tras empadronarse en un piso donde en realidad no reside. Esto fue posible gracias a ciertos “contactos” y gastos adicionales. Trabaja como manicurista, mientras que su esposo es barbero, pero solo ella puede trabajar legalmente por su condición de solicitante de asilo. Él se ve obligado a aceptar empleos en negro cuando surge alguna oportunidad. Pagan 600 euros por una habitación en un piso en el sur de Madrid, que comparten con dos parejas. Todo lo que pueden ahorrar lo envían a sus familiares en Lima, Caracas y Bogotá.
Laberintos burocráticos
Diana no puede creer que, tras dos años enfrentándose al sistema, después de que casi los desalojaran de la única vivienda segura, y de ver cómo los cambios legales destruían cualquier esperanza de regularización, de pronto haya aparecido una oportunidad. La familia vivía en un miedo permanente: amenazas desde su país de origen, falta de dinero, la imposibilidad de acceder a becas o entrar en la universidad por no tener documentación. Incluso soñar con una vivienda propia les parecía inalcanzable.
El único documento oficial que tienen es la tarjeta roja de solicitante de asilo, que accidentalmente se lavó junto con la ropa. Ese trozo de cartón es lo único que los separa de la total indefensión. La tarjeta vence en abril y el futuro vuelve a ser incierto: ¿podrán renovarla o tendrán que empezar todo desde cero? Diana desconfía de las promesas de las autoridades: la burocracia ha frustrado sus planes demasiadas veces.
Mafias y esperas
Obtener una cita oficial para renovar documentos es prácticamente imposible: las filas son interminables y el coste de los servicios de los intermediarios sigue aumentando. La policía intenta combatir los esquemas ilegales, pero la demanda no deja de crecer. Para las familias que se encuentran en esta situación, cada día es una prueba de resistencia. En los próximos meses, el destino de miles de migrantes dependerá de las decisiones del gobierno y de la eficacia de las nuevas medidas. Mientras tanto, la mayoría sigue viviendo en la incertidumbre, sin saber qué les deparará el mañana.
