
En un tribunal de Madrid ha comenzado un proceso de alto perfil que podría afectar la reputación de varias figuras influyentes. En el banquillo de los acusados se encuentra la exactivista del Partido Socialista, Leire Díez, sospechosa de liderar una trama dirigida a desacreditar a la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Arturo Zamarriego, encargado del caso, escuchó en primer lugar los testimonios de dos fiscales —José Grinda e Ignacio Stampa— así como del comandante Rubén Villalba de la Guardia Civil. Los tres confirmaron que Díez y sus colaboradores intentaron acceder a información confidencial e influir en investigaciones que involucraban a políticos y empresarios.
En el centro del proceso: vínculos con las altas esferas del poder
Especial atención atrajeron los detalles de una reunión celebrada en mayo del año pasado. Según el fiscal Stampa, en esa cita se mencionó reiteradamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, según afirmó Díez, estaba preocupado por la filtración de información relacionada con su familia. Durante la conversación se trataron temas sobre supuestas grabaciones en poder del excomisario Villarejo y la posible presión sobre los fiscales.
La fiscalía informó que Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se presentaban como emisarios en nombre del partido gobernante y aseguraban actuar por encargo de Sánchez. Su objetivo era averiguar quién controlaba los materiales comprometedores, así como obtener información sobre colegas y superiores en la fiscalía.
Presiones y ofrecimientos de cargos
Durante las audiencias se reveló que uno de los fiscales fue presionado a través de un intermediario —un periodista que le transmitió una oferta para ocupar un puesto en el extranjero a cambio de frenar las investigaciones y entregar información interna. El nombre de Leire Díez salió a la luz en relación con este episodio, lo que incrementó las sospechas sobre su posible implicación en los intentos de interferir en el trabajo de las estructuras anticorrupción.
Un agente de la Guardia Civil, Villalba, también describió en detalle su encuentro con Díez, destacando que la conversación giró en torno a cuestiones de seguridad y posibles tramas de corrupción. Todos los presentes en la audiencia coincidieron en que las acciones de Díez iban más allá del trabajo periodístico al que ella apela en su defensa.
Próximos pasos judiciales y expectativas
La investigación sostiene que Díez podría estar vinculada a los intentos de desacreditar a los principales equipos encargados de casos de corrupción. Se le imputan delitos de soborno y tráfico de influencias. La acusada insiste en que todas las reuniones formaban parte de la preparación de un libro, pero la fiscalía no ha encontrado pruebas que lo respalden.
En los próximos días se esperan nuevos interrogatorios: la próxima semana declararán ante el tribunal la propia Díez, el empresario Pérez Dolset y el periodista implicado en el caso. El juez ya cuenta con grabaciones de audio y documentos notariados que podrían arrojar luz sobre los detalles de lo sucedido.
Este proceso promete convertirse en uno de los más debatidos de la justicia española en los últimos años, ya que está en juego la confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción al más alto nivel.












