
En España se intensifica una nueva etapa de enfrentamiento político: el Partido Popular (PP) ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo exigiendo un informe completo sobre los movimientos de fondos en la caja del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2017. Los conservadores insisten en que todos los detalles de los ingresos y pagos, incluyendo cada transacción, estén disponibles antes de finales de octubre, momento en el que deberán comparecer ante el tribunal el exgerente de finanzas del partido y una empleada del departamento de organización.
La motivación detrás de esta petición contundente son las sospechas relacionadas con pagos en efectivo que, según el PP, podrían haberse realizado a favor de José Luis Ábalos y Koldo García. El interés en estas operaciones surgió a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde se señalaban discrepancias entre la documentación presentada por el PSOE y los pagos reales. Además, en los informes aparecen conversaciones en las que se discuten posibles entregas de dinero en sobres directamente en la sede del partido en la calle Ferraz (Ferraz).
El juez ya ha citado a declarar al exgerente financiero del partido, Mariano Moreno Pavón, y a la empleada Celia Rodríguez Alonso. El PP pretende acceder a todos los detalles de las operaciones de caja antes de sus interrogatorios, con el objetivo de poder formular preguntas lo más concretas posible y detectar eventuales irregularidades.
Además, el partido exige que se entreguen las normas internas de reembolso de gastos vigentes desde 2017, así como información sobre cuánto tiempo y en qué formato el PSOE conserva la documentación financiera. Según los representantes del PP, estos datos ayudarán a esclarecer los mecanismos de circulación de fondos dentro del partido y, posiblemente, a identificar nuevos casos relacionados con pagos en efectivo.
Toda esta situación puede afectar seriamente el clima político del país, ya que se trata no solo de la transparencia de las finanzas de los partidos, sino también de la confianza en las principales instituciones políticas de España.












