
En la provincia de Jaén, en el sur de España, se ha desatado una intensa polémica en torno a los planes para construir veinte nuevas plantas de biogás y biometano. El pasado fin de semana, más de tres mil personas salieron a las calles de Mengíbar para protestar contra la instalación de estas infraestructuras cerca de sus hogares. Los manifestantes exigen que se revise la estrategia de desarrollo de la región, preocupados por la calidad de vida y la salud de la población.
Por su parte, las autoridades de Andalucía y representantes del sector agrícola defienden que la implantación de tecnologías de biogás es un paso clave hacia un desarrollo sostenible. Consideran que estas instalaciones no solo permitirán resolver el problema de la gestión de los residuos de la producción olivarera, sino que además darán un nuevo impulso a la economía provincial. Está previsto que las plantas procesen decenas de miles de toneladas de subproductos de la aceituna y otros residuos agrícolas, transformándolos en gas renovable para usos energéticos.
Sin embargo, los vecinos de Mengíbar y de otras localidades —Las Infantas, Villanueva del Arzobispo, Campillos, Vilches, Alcalá la Real, Guarromán y Andújar— manifiestan su preocupación por los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud. Les inquieta la cercanía de las plantas a las zonas residenciales, el potencial riesgo de contaminación del aire y el agua, así como el impacto sobre los ecosistemas locales. Los ayuntamientos, independientemente de su color político, exigen a las autoridades autonómicas transparencia y el cumplimiento estricto de las normativas medioambientales.
Economía versus ecología: argumentos de ambas partes
Las empresas que promueven estos proyectos aseguran que la tecnología actual permite eliminar por completo las emisiones de sustancias nocivas y los malos olores. Subrayan que el biometano se integrará directamente en la red de gas y que los residuos del proceso se emplearán como materia prima para fertilizantes. Según los cálculos, por cada tonelada de aceite de oliva se generan cuatro toneladas de orujo, que se convertirá en el principal recurso para las nuevas instalaciones.
Quienes apoyan la construcción consideran que este tipo de instalaciones ayudarán a resolver el antiguo problema de la gestión de residuos agrícolas, además de aportar ingresos adicionales a cooperativas y agricultores. En algunos municipios ya se han anunciado grandes inversiones en el desarrollo de infraestructuras, lo que, según las autoridades locales, debería reducir la tensión social y generar empleo.
Escepticismo y preocupación: la visión de ecologistas y vecinos
A pesar de las promesas de los inversores, parte de la población y organizaciones ecologistas mantienen una postura crítica. Señalan la experiencia de otras regiones donde grandes complejos de biogás han provocado contaminación del suelo y de los acuíferos, así como un aumento de accidentes e incendios. En su opinión, la envergadura de los proyectos en Jaén podría agravar los actuales problemas medioambientales y los beneficios económicos para los residentes serían mínimos.
Expertos señalan que en Europa existen numerosas pequeñas plantas de biogás, pero en España estos proyectos suelen construirse para grandes volúmenes, lo que incrementa los riesgos para el medio ambiente y la población. Ante las críticas, las autoridades prometen reforzar el control del cumplimiento de todas las normativas y requisitos, además de garantizar que la ciudadanía esté informada sobre los posibles beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías.
El futuro de la región: ¿compromiso o conflicto?
Por ahora, la situación en Jaén sigue siendo tensa. Por un lado, la región necesita nuevos incentivos económicos y soluciones para el tratamiento de residuos. Por otro, los habitantes exigen garantías de seguridad y la preservación de su modo de vida. La cuestión sobre si las autoridades, las empresas y la sociedad podrán alcanzar un compromiso sigue abierta. Lo que está claro es que el destino de los olivares y de las futuras plantas de biogás se decidirá no solo en los despachos, sino también en las calles de las ciudades andaluzas.












