
El intento de establecer un diálogo entre la administración sanitaria de Andalucía y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha fracasado. Tras una breve tregua, ambas partes han vuelto a enfrentarse y el conflicto se ha intensificado después de la primera reunión de Amama en el marco del seguimiento de los cribados masivos de cáncer de mama.
A principios de noviembre, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, participó en una reunión dedicada al análisis de la crisis en los diagnósticos. Sin embargo, tras el encuentro, denunció que las condiciones de su participación eran discriminatorias: le exigieron firmar un acuerdo de confidencialidad, requisito que no se aplicó a otros asistentes. Esto generó una nueva ola de desconfianza hacia las autoridades regionales y llevó a la organización a presentar 25 nuevas reclamaciones patrimoniales contra el gobierno andaluz.
La situación se agravó cuando Amama acusó a las autoridades de intentar restringir su acceso a las audiencias parlamentarias en las que se debatía el presupuesto para el año siguiente. A pesar de ello, los representantes de la administración insisten en su disposición al diálogo, aunque no se ha conseguido llegar a un entendimiento.
Discrepancias en el número de afectadas y nuevas acusaciones
La raíz del conflicto está en las diferentes valoraciones sobre la magnitud del problema. Las autoridades cifran en 2.317 las mujeres que no recibieron la notificación de resultados dudosos en el cribado. Sin embargo, Amama sostiene que las afectadas son muchas más, ya que numerosas mujeres sufrieron retrasos en su diagnóstico y algunas han padecido ya graves consecuencias para su salud.
La organización planea recopilar denuncias de mujeres en toda Andalucía, y solo en Sevilla ya son más de doscientas las que se han mostrado dispuestas a unirse a las demandas colectivas. En este contexto, Amama acusa al gobierno regional de «violencia institucional» y asegura que luchará por justicia para todas las afectadas.
Consecuencias políticas y cambios en cargos clave
La crisis con el cribado oncológico se ha convertido en uno de los problemas más delicados para el presidente andaluz Juanma Moreno. Las protestas masivas en las ocho provincias reunieron a decenas de miles de personas, sorprendiendo a las autoridades. Al mismo tiempo, algunos políticos consideran que la oposición aprovecha la situación para presionar al gobierno, mientras que los sindicatos profesionales no apoyaron oficialmente las protestas.
En medio del escándalo, el consejero de Salud, Antonio Sanz, inició cambios en la dirección del departamento. Nicolás Navarro fue nombrado nuevo viceconsejero, lo que desató una ola de críticas por parte de partidos de izquierda y sindicatos. Lo acusan de favorecer los intereses de clínicas privadas, ya que está relacionado con la sanidad privada y ocupa un cargo en el ayuntamiento por el partido gobernante.
Mirada al futuro: reformas y expectativas
Las autoridades prometen concluir la revisión de todos los casos controvertidos antes de finales de noviembre, pero Amama desconfía de la transparencia del proceso y exige un mayor reconocimiento del problema. Se espera una nueva oleada de enfrentamiento en las próximas semanas, y el futuro de la reforma del sistema sanitario andaluz sigue en el aire.












