La cuestión de las pensiones vuelve a estar en el centro de la atención nacional. Más de nueve millones de jubilados españoles podrían enfrentar ya en febrero una reducción de 50 euros en sus prestaciones. La causa es el bloqueo político en torno al nuevo decreto gubernamental que debía proteger sus ingresos, pero que quedó paralizado debido a disputas sobre la política de vivienda.
La situación se complicó después de que el Congreso rechazara la votación de un paquete de medidas que incluía el aumento de las pensiones. PP, Vox y Junts votaron en contra, argumentando su desacuerdo con otros puntos del documento. Ahora el futuro de las pensiones y la protección de los inquilinos están estrechamente vinculados, y la resolución debe encontrarse en cuestión de días.
Estancamiento político
El principal negociador del Gobierno, Félix Bolaños, intenta alcanzar un compromiso con Junts para presentar un nuevo decreto ante el Consejo de Ministros ya el martes. Sin embargo, Junts insiste en excluir del texto el llamado «escudo antidesahucios», una medida que protege a los inquilinos vulnerables de perder su vivienda.
Para el Gobierno, esto sería una solución sencilla, ya que los demás puntos no generan grandes desacuerdos. Sin embargo, esta decisión inevitablemente provocaría un conflicto con los socios de coalición —Sumar, Bildu, ERC y Podemos—, quienes consideran fundamental la protección a los inquilinos. La cuestión es especialmente crítica para Sumar, cuyos ministros exigen mantener las garantías sociales para 50.000 familias amenazadas por desahucio.
En un contexto de crecimiento económico y empleo récord, la posibilidad de desalojos masivos en invierno amenaza seriamente la imagen de un gobierno progresista. Dentro de la coalición aumentan las presiones: algunos exigen concesiones para asegurar las pensiones, mientras otros no están dispuestos a sacrificar la protección social en pos de un compromiso.
Los argumentos de cada parte
Junts, junto al PP y Vox, llaman ‘okupas’ a los inquilinos protegidos, aunque el decreto vigente excluye expresamente a quienes ocuparon una vivienda por la fuerza. La medida está dirigida a personas con contrato de alquiler vigente que atraviesan dificultades y no pueden pagar. Diputados independientes y asociaciones de propietarios sostienen que las compensaciones por la imposibilidad de desalojar llegan demasiado lento y en cantidades insuficientes.
El año pasado, las partes acordaron un sistema de garantías para los propietarios, pero Junts afirma que el mecanismo no funciona. En cinco años solo tres mil propietarios han recibido compensaciones, lo que genera descontento y nuevas exigencias al gobierno. Mientras tanto, partidos de izquierda y ministros de Sumar insisten en que eliminar la protección provocaría una ola de desalojos que afectaría a decenas de miles de familias, incluso con niños.
Presión y protestas
La tensión crece dentro de la coalición. Ministros de Sumar y representantes de la izquierda exigen resistir la presión de Junts, PP y Vox para evitar repetir las escenas dramáticas de 2008, cuando miles de familias quedaron en la calle. Ya ahora, jubilados protestan frente a las sedes de Junts y PP, reclamando una solución inmediata a las pensiones y la preservación de la protección social.
Bolaños negocia simultáneamente en varias direcciones, ofreciendo diferentes concesiones para mantener el equilibrio de intereses. Sin embargo, este año la posición de Junts se ha endurecido en comparación con el pasado y no se vislumbra una solución sencilla. Oficialmente, las partes insisten en que no hay negociaciones, pero los contactos informales continúan: sin ellos no sería posible organizar ninguna votación.
Escenarios posibles
Pese a la gravedad de la situación, la amenaza real para las pensiones es mínima. En última instancia, el gobierno podría aprobar un decreto específico solo para el aumento de las prestaciones, dejando fuera los puntos conflictivos. Esta medida provocaría tensión con los aliados, pero permitiría evitar recortes en las pensiones. La decisión está en manos del presidente Pedro Sánchez, quien debe elegir entre los riesgos políticos y la responsabilidad social.
Mientras continúan las negociaciones, el gobierno busca reforzar su frágil mayoría parlamentaria. Enero ya se ha convertido en un mes de grandes pactos: se han alcanzado acuerdos con ERC en materia de financiación, con Bildu sobre el escudo social y con PNV para la transferencia de competencias. Recientemente, Ione Belarra y Bolaños pactaron la regularización de 500 mil inmigrantes, un elemento más en el complejo mosaico político.
En los últimos años, España se ha enfrentado en varias ocasiones a intensos debates sobre la política de vivienda y la protección de los inquilinos. En 2023, una crisis similar se resolvió en el último momento tras protestas masivas y la presión de organizaciones sociales. En aquella ocasión, el gobierno también trató de equilibrar los intereses de los propietarios con la necesidad de apoyar a las familias más vulnerables. Este tipo de situaciones ya se había repetido antes, cuando las dificultades económicas y el aumento de los precios del alquiler intensificaban la confrontación política. Cada vez se encontraba una solución a último minuto, pero la tensión social no hacía más que crecer.
