En Cataluña vuelve a agudizarse el problema del acceso a la educación pública. En las grandes ciudades y zonas densamente pobladas de la región, las familias se enfrentan a la falta de plazas en los colegios públicos. Mientras tanto, los centros concertados siguen ampliando su presencia, especialmente en los barrios más acomodados.
En algunas zonas rurales, como en Tarragona (Terra Alta, Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Priorat) y Lleida (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Vall d’Aran, Noguera), la situación es diferente: aquí los colegios públicos logran cubrir la demanda. Pero en Barcelona y su área metropolitana, apenas algo más de la mitad del alumnado puede acceder a una plaza en la escuela municipal. El resto debe buscar alternativa en concertadas o centros privados.
Orígenes del problema
El origen de la situación actual se remonta al pasado. Tras la transición democrática, el sistema público de enseñanza en Cataluña estaba poco desarrollado. Para afrontar este reto, las autoridades decidieron apoyar a los centros privados, que asumían funciones de servicio público, incorporaban métodos pedagógicos innovadores y ofrecían una alternativa al modelo obsoleto. Así nació el sistema de financiación: el Estado pagaba los sueldos del profesorado y, a cambio, los colegios se comprometían a acoger alumnado que no podía absorber la red municipal.
Sin embargo, en las últimas décadas la red pública apenas ha experimentado una expansión significativa. En su lugar, el modelo concertado se ha consolidado y la financiación de estos centros no ha dejado de crecer. Esto ha permitido que los colegios privados con financiación pública tengan capacidad para seleccionar alumnado según varios criterios, lo que no siempre se ajusta al principio de igualdad de acceso.
Segregación y desigualdad
En los últimos años, la situación se ha agravado debido a los flujos migratorios y a las crisis económicas. A raíz de 2008, cuando Cataluña recibió una oleada de nuevos residentes, las concertadas se convirtieron en una herramienta para separar al alumnado según criterios sociales y económicos. Como consecuencia, la mayoría de los hijos de familias migrantes y con bajos recursos estudian en centros públicos, mientras que las concertadas son elegidas cada vez más por familias con mayor nivel adquisitivo.
Las cifras lo evidencian: en la secundaria obligatoria (ESO), el 84% del alumnado con pasado migratorio asiste a centros públicos. Al mismo tiempo, cuanto mayores son los ingresos en una zona, más concertadas hay y menos presencia de estudiantes de origen migrante tienen. Esto genera un círculo vicioso donde el acceso a una educación de calidad se convierte en un privilegio, no en un derecho.
Impacto en la sociedad
Un sistema que nació para garantizar la igualdad de oportunidades hoy consolida la división social. En Cataluña, la educación ha dejado de ser el ascensor social universal. En los barrios acomodados, los niños acceden a los mejores colegios, mientras que en las zonas humildes deben conformarse con lo que queda disponible.
En los últimos años, ninguna de las coaliciones de izquierda que ha llegado al poder se ha atrevido a modificar el modelo existente. La cuestión de la reforma del sistema educativo sigue abierta, mientras que padres y expertos continúan debatiendo cómo devolver a las escuelas públicas un papel protagónico y garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños de la región.
