En el municipio de Quintanilla de Tres Barrios, situado en la provincia de Soria, agentes de la Guardia Civil detuvieron a un vecino local que se encontraba cazando con un arma de fuego. El hombre, residente en El Burgo de Osma, tenía prohibido poseer y portar armas debido a una orden judicial previa relacionada con un caso de violencia de género. A pesar de esta restricción, fue visto en los cotos de caza portando una escopeta, lo que llevó a una intervención inmediata por parte de las autoridades.
El incidente tuvo lugar el 8 de diciembre de 2025 durante una batida de caza organizada. Agentes de la unidad Seprona, junto a efectivos de control de fronteras y fiscalidad, avistaron al hombre armado. Al percatarse de la presencia policial intentó huir, pero sus movimientos fueron monitorizados desde el aire, lo que permitió localizarlo con rapidez.
Persecución y detención
Tras abandonar la zona de caza, agentes de la Guardia Civil localizaron en las proximidades un vehículo que pertenecía al implicado. La comprobación de los datos confirmó su identidad y la vigencia de la prohibición de tenencia de armas, así como la anulación de su licencia. En el registro del coche se hallaron fundas vacías de escopeta, aunque el arma todavía no ha sido localizada.
El hombre fue detenido en el lugar y trasladado a la comisaría para posteriores diligencias procesales. Se le imputan dos cargos: violación de una orden judicial y tenencia ilícita de armas de fuego. La investigación pretende esclarecer todos los hechos ocurridos y localizar el arma utilizada el día del incidente.
Consecuencias judiciales
El caso está bajo supervisión del juzgado de primera instancia y de la instrucción nº1 de El Burgo de Osma. Al detenido se le han abierto diligencias penales por incumplimiento de sentencia y tenencia ilegal de armas. Según el Código Penal vigente, estos delitos contemplan sanciones graves que van desde multas hasta cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y el tipo de arma intervenida.
El incumplimiento de una orden judicial, especialmente en casos relacionados con violencia doméstica, se considera una circunstancia agravante. Los tribunales pueden imponer penas de hasta un año de prisión o multas económicas significativas. Actualmente, la investigación sigue centrada en recabar pruebas y esclarecer todos los detalles del suceso.
Control de armas
El caso en Soria ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia del control sobre la circulación de armas y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En España existen normas estrictas sobre la posesión y el uso de armas de fuego, especialmente para personas imputadas o condenadas por delitos de violencia doméstica. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva no solo sanciones administrativas, sino también responsabilidad penal.
Durante la investigación se determinó que el hombre estaba bajo vigilancia constante de las fuerzas de seguridad debido a una sentencia previa. Sus acciones provocaron una respuesta inmediata y la coordinación de varias unidades de la Guardia Civil. Actualmente se evalúan las medidas cautelares y el futuro procesal del detenido.
