
José Luis Ábalos, exministro, volvió al centro de la atención tras una nueva sesión en el Tribunal Supremo de España. En esta ocasión, ejerció su derecho a no declarar, justificando que se había quedado sin abogado tras la ruptura con su anterior defensor y que el tribunal aún no le había asignado uno nuevo. Esta postura provocó el descontento de sus adversarios, quienes exigieron su ingreso inmediato en prisión.
A pesar de las solicitudes de la acusación, el juez decidió no modificar las restricciones previamente impuestas. Ábalos sigue teniendo prohibido salir del país, su pasaporte fue retirado y debe comparecer ante el juzgado cada dos semanas. La fiscalía consideró que no hay motivos para su detención, mientras que representantes de la oposición exigieron su ingreso en prisión o el pago de una fianza millonaria.
En una resolución de nueve páginas, el juez destacó que las sospechas sobre el exministro se han intensificado. En particular, se investigan grandes sumas de dinero en efectivo que ingresaron en sus cuentas, a pesar de que oficialmente no retiraba fondos de sus tarjetas bancarias. La investigación sostiene que Ábalos y su exasesor Koldo García podrían haber utilizado esquemas opacos para ocultar ingresos y patrimonio.
Sin embargo, el tribunal no encontró motivos suficientes para ordenar la detención inmediata. Según el juez, existe riesgo de fuga, pero por el momento este se controla con las restricciones vigentes. No obstante, el magistrado no descartó que, a medida que avance el proceso y surjan nuevas pruebas, las medidas puedan endurecerse. Llamó especialmente la atención el hecho de que Ábalos mantenga aún su escaño como diputado, a pesar de la gravedad de las acusaciones.
La investigación sospecha que Koldo García podría haber cubierto gastos personales de Ábalos, como el alquiler de una vivienda en Marbella, viajes y regalos, utilizando fondos de origen dudoso. El propio Ábalos prefirió no responder a las preguntas, alegando falta de defensa. Sus abogados sostienen que la petición de arresto tiene un trasfondo político. Al día siguiente está previsto el interrogatorio en el juzgado de Koldo García, cuya defensa pide el archivo del caso por irregularidades procesales.





