Por primera vez en España se ha reconocido oficialmente a una mujer como víctima de la represión franquista ocurrida después del fin de la dictadura. Eva García de la Torre, de Sevilla, pasó su juventud en un centro correccional para chicas, adonde fue enviada por su homosexualidad, a pesar de que el país ya había iniciado el camino hacia la democracia.
En 1978, cuando Eva tenía solo 16 años, fue acusada de «conducta inmoral» después de que unas monjas encontraran una carta en la que confesaba sus sentimientos a una mujer. Fue condenada sin abogado y enviada a orfanatos católicos en Galicia, donde pasó siete años. Allí, las adolescentes sufrían malos tratos, eran obligadas a trabajar y a rezar, además de realizar trabajos pesados por una miseria. La institución a la que fue enviada Eva se creó bajo el franquismo y continuó operando incluso después de la muerte de Franco.
La infancia de Eva transcurrió en orfanatos y centros religiosos. Su madre, soltera, también fue víctima de abusos y privada de la custodia. Eva creció bajo el control del Estado, realizando trabajos duros en talleres y en casas de familias acomodadas. Tras la denuncia de las monjas, su destino quedó marcado: acabó en un sistema donde los derechos y libertades de las jóvenes eran ignorados.
Solo en 1985, cuando el gobierno de Felipe González disolvió el patronato franquista, Eva pudo recuperar la libertad. Ingresó en la universidad, estudió Derecho y llegó a ser alcaldesa de O Porriño, en Galicia. A pesar de sus logros, las secuelas de lo vivido la acompañaron toda la vida. En 2022, dos meses después de dejar el cargo, Eva falleció de un infarto a los 59 años.
Recientemente, su viuda, Silvia Fernández Quinteiro, logró la expedición del primer documento oficial en el país que reconoce que Eva fue víctima de persecuciones políticas e ideológicas. Este paso supuso un precedente importante para el reconocimiento del sufrimiento de las mujeres castigadas por su vida privada y sus ideas, incluso tras la caída de la dictadura. La familia subraya que el reconocimiento público es necesario para restaurar la justicia y la memoria de quienes fueron quebrados por el sistema.
