La Fiscalía de Sevilla ha puesto fin al sonado caso sobre la supuesta eliminación o alteración de datos médicos de mujeres con cáncer de mama. Tras un mes de revisión de los sistemas informáticos, se determinó que no hubo ningún borrado intencionado de información y que los fallos se debieron al elevado número de pacientes que consultaban masivamente sus mamografías y resultados de exámenes a través del portal web. Esta decisión supuso un revés inesperado para la oposición, que había basado su campaña en acusaciones contra el gobierno regional de Andalucía.
La asociación Amama, presidida por Ángela Claverol, reconoció recientemente que las supuestas 4 000 afectadas no son en realidad pacientes, sino el número de consultas y llamadas recibidas en su oficina. Sin embargo, la organización prepara más de 260 demandas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), principalmente de mujeres a las que se diagnosticó cáncer después de retrasos en el cribado. Estos retrasos fueron consecuencia de un error en el programa de detección precoz.
Fracaso de las acusaciones
El doble golpe a la posición de Amama —primero, el reconocimiento de las cifras infladas y luego la negativa de la Fiscalía a abrir una causa— ha cambiado el equilibrio de fuerzas en la confrontación política. Las autoridades andaluzas, que hasta ahora se habían visto obligadas a dar explicaciones y a reorganizar de urgencia el sistema sanitario, han pasado a la ofensiva. Aunque siguen las investigaciones sobre otros episodios, la oposición ha perdido su principal baza: el escándalo que pretendía debilitar la posición del presidente regional, Juanma Moreno.
El consejero de Salud de Andalucía, Antonio Sanz, declaró en rueda de prensa que el tema del cáncer se ha utilizado como arma política. Acusó a los líderes de la oposición —entre ellos María Jesús Montero e Inma Nieto— de lanzar acusaciones apresuradas y de manipulación. Afirmó que “cruzar límites por beneficio político es inaceptable”.
Respuesta de la oposición
En respuesta, representantes de los partidos de izquierda —PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía— insisten en que, aunque no se haya producido la eliminación de datos, el propio error del sistema provocó que más de 2.300 mujeres tuvieran que someterse a nuevos exámenes; la mayoría de ellas son atendidas en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Exigen explicaciones y disculpas por parte de las autoridades, así como transparencia en la investigación sobre las causas del fallo.
Begoña Iza, de Adelante Andalucía, afirmó que es el gobierno quien debe disculparse con las pacientes. La socialista Ángeles Férriz subrayó que, en lugar de atacar a Amama, las autoridades tienen la obligación de explicar cómo se produjo esta situación. La oposición señala que el problema no afecta solo a Sevilla: más de 300 casos están relacionados con otros hospitales de la región.
Consecuencias políticas
Durante todo su mandato, los partidos de izquierda acusaron al equipo de Moreno de intentar privatizar el sistema de salud. Sin embargo, sus críticas no calaron entre los votantes durante mucho tiempo, hasta que estalló el escándalo por errores en el cribado. Como consecuencia, el presidente regional se vio obligado a cambiar por tercera vez al consejero de Salud durante su gestión y en Andalucía se registraron protestas multitudinarias: solo en Sevilla salieron a las calles 8.500 personas, y en toda la región más de 60.000.
Ahora la oposición se prepara para convertir las próximas elecciones en una especie de referéndum sobre el estado de la sanidad pública. Sin embargo, el debilitamiento de Amama y el archivo del caso por parte de la fiscalía ponen en duda la eficacia de esta estrategia. No está claro hasta qué punto la crisis ha afectado la confianza ciudadana en el sistema sanitario, ya que aún no hay datos sociológicos recientes. Solo se recuerda que en 2018 el descontento con los hospitales provocó la caída de los socialistas liderados por Susana Díaz.
