En Valencia, la tensión política volvió a ocupar el primer plano tras el inesperado regreso del ex jefe de gobierno Carlos Mazón a la sala de sesiones de Les Corts. Su aparición a las cinco de la tarde generó una fuerte reacción entre los diputados de la oposición, quienes lo interpretaron como una falta de respeto al trabajo parlamentario y una muestra de indiferencia hacia asuntos sociales clave. Para los habitantes de la región, este episodio puede significar un largo conflicto en torno a la transparencia del poder y la responsabilidad de los representantes electos.
Críticas y acusaciones
Mazón, sentado en la última fila de la bancada del Partido Popular, se colocó de inmediato en el centro de la atención. Su ausencia en la sesión matutina, en la que el nuevo presidente Juanfran Pérez Llorca compareció por primera vez ante los diputados, no pasó desapercibida. La oposición, especialmente miembros de PSPV y Compromís, acusó al ex presidente de haber llegado solo al pleno de la tarde, ignorando el debate sobre los cambios en el sistema de apoyo social — la Renta Valenciana de Inclusión.
El diputado de Compromís Francesc Roig afirmó que el parlamento estuvo prácticamente bloqueado durante cuatro meses en beneficio de los intereses de Mazón. Su compañera María José Calabuig recordó el escándalo del reparto de viviendas en Alicante, donde, según ella, el nombre de Mazón figura entre los principales implicados. También señaló que el ex presidente abandonó la sala pocos minutos después de iniciarse el debate.
Cuestiones de estatus y privilegios
La situación se complica porque, tras dejar el cargo de jefe del gobierno, Mazón conservó su escaño parlamentario, lo que le otorga protección legal dentro de la investigación sobre las consecuencias de la riada (dana). Según informa El País, este estatus le permite evitar enfrentarse directamente a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, responsable de la instrucción del caso. Las asociaciones de damnificados y los partidos de la oposición exigen que Mazón renuncie no solo a su puesto directivo, sino también al acta de diputado.
Este jueves, Les Corts debatirá la iniciativa de Compromís que exige su dimisión. Sin embargo, la propuesta para reformar el estatuto de los expresidentes, que les privaría de privilegios vitalicios y de sus asientos en el Consejo Jurídico Consultivo, no fue incluida en el orden del día. Según la ley vigente, Mazón puede contar con dos asesores, un chófer, escolta y una oficina independiente, la cual ya funciona en Alicante. Su antiguo jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, ha sido nombrado asesor.
Detalles de la actividad parlamentaria
Tras su dimisión, Mazón fue designado representante del Partido Popular en la comisión de reglamento de Les Corts, lo que le supone un complemento mensual adicional. Sin embargo, dicha comisión se reúne con muy poca frecuencia y no se dedica a la elaboración de leyes: la última sesión tuvo lugar en 2020. Esta situación ha generado dudas en la oposición sobre la utilidad de estos nombramientos y el uso de fondos públicos.
Recordando otros casos destacados relacionados con las acciones de exdirigentes en situaciones de crisis, cabe señalar que en su momento la atención pública se centró en la decisión de Mazón de prescindir de escolta el día de la trágica inundación en Valencia. Los detalles de este episodio y su impacto en la política regional fueron analizados en el reportaje sobre los motivos de la renuncia de Mazón a la escolta durante la catástrofe.
Contexto y consecuencias
En los últimos años, en España se debate cada vez más sobre la responsabilidad de los exfuncionarios y la transparencia de su actividad tras dejar el cargo. Los escándalos relacionados con el uso de privilegios oficiales provocan debates sociales y revisiones legislativas. En regiones con alta competencia política, estas situaciones generan prolongados conflictos entre partidos y aumentan la desconfianza hacia las instituciones.
En otras autonomías del país también han surgido polémicas sobre el estatus de exdirigentes y su participación en órganos consultivos. Estas discusiones suelen ir acompañadas de exigencias para limitar el acceso a recursos públicos por parte de antiguos altos cargos. Así, cada nuevo regreso mediático o escándalo en torno a privilegios actúa como catalizador de nuevas iniciativas y cambios en la legislación regional.
