
En Andalucía se ha desatado un intenso debate político después de que la mayoría parlamentaria rechazara todas las propuestas de la oposición para devolver el proyecto de presupuesto de 2026. Aunque el gasto público ha alcanzado un máximo histórico, el descontento por la calidad de los servicios públicos, especialmente en la sanidad, sigue en aumento.
El último presupuesto antes de las elecciones autonómicas ha sido motivo de acaloradas discusiones. Representantes de todos los partidos de la oposición, desde socialistas hasta la extrema derecha, coinciden en señalar que, pese al récord de inversión, el sistema sanitario y otros servicios sociales atraviesan uno de sus peores momentos. El foco está puesto en los recientes fallos en el diagnóstico de cáncer de mama, que han expuesto la vulnerabilidad de la infraestructura médica de la región.
Batallas políticas y acusaciones de privatización
Durante el debate presupuestario, la oposición acusó al gobierno de destinar gran parte de los fondos no a mejorar los servicios públicos, sino a apoyar estructuras privadas. Según denuncian, esto está provocando un aumento de la desigualdad y reduciendo el acceso a la atención médica. Por su parte, las autoridades rechazan las acusaciones de privatización, aportando datos sobre el porcentaje de contratos con clínicas privadas y comparándolos con años anteriores.
Al mismo tiempo, los representantes del partido gobernante insisten en que la estabilidad y el crecimiento económico de la región son resultado directo de sus políticas. Subrayan que, por primera vez, el gasto sanitario per cápita ha superado la media nacional, además de que se han incrementado las inversiones en educación y apoyo a los ciudadanos en situación de dependencia.
Expectativas económicas y tensión preelectoral
Las autoridades pronostican un aumento del PIB regional y una reducción del desempleo, apostando por programas sociales que, según aseguran, absorberán dos tercios del presupuesto total. Sin embargo, la oposición señala que, a pesar del aumento de la financiación, persisten los problemas de acceso a los servicios médicos y las largas listas de espera en los hospitales. Además, critican los beneficios fiscales para los ciudadanos adinerados y la renuncia a participar en los programas federales de reestructuración de deuda.
En la antesala de las elecciones, la lucha política se intensifica. Los partidos de la oposición aprovechan la situación para movilizar a sus simpatizantes, mientras que el gobierno intenta convencer a los votantes de la eficacia de sus políticas. La cuestión de si este gasto récord se traducirá en una mejora real de la vida de los andaluces sigue sin respuesta.











