La política española vuelve a encenderse en torno a los conflictos internacionales, esta vez con el foco puesto en la reacción del Partido Popular (PP) ante los acontecimientos en Venezuela. Tras la reciente operación de Estados Unidos para la detención de Nicolás Maduro y las declaraciones de Donald Trump sobre el control del país, el PP ha preferido no pronunciarse directamente sobre lo ocurrido. En su lugar, el partido dirigido por Feijóo vuelve a remitir la cuestión de la legitimidad de las acciones de Washington a los tribunales, repitiendo así su estrategia de cautela ya probada en el caso del conflicto de Gaza.
En septiembre del año pasado, cuando se debatía la operación militar de Israel en Gaza, el PP también evitó pronunciamientos directos y prefirió remitirse a la competencia de los tribunales internacionales. Ahora, ante la cuestión de una posible violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos en Venezuela, el partido nuevamente rehuye posiciones claras. Los representantes del PP insisten en que solo un tribunal puede determinar si Trump infringió las normas internacionales y eluden asumir la responsabilidad de una valoración política de la situación.
¿Doble estándar?
Este enfoque genera desconcierto entre parte de la sociedad española y del ámbito político. Por un lado, el PP critica abiertamente el régimen de Maduro y exige elecciones en Venezuela, pero por otro, evita condenar las acciones de Estados Unidos, incluso cuando podrían implicar una vulneración del derecho internacional. Al mismo tiempo, el partido no respalda el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina ni apoya el papel de María Corina Machado como líder opositora, exigiendo una mayor implicación de esta última.
En declaraciones públicas, representantes del PP subrayan que el futuro de Venezuela debe decidirse mediante elecciones, pero no especifican cuándo deberían celebrarse. El vicesecretario de Finanzas, Juan Bravo, destaca que el país estaría “mejor sin Maduro”, aunque prefiere respaldar la postura del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y no la de Trump. Incluso respecto a los planes de Washington sobre Groenlandia, el PP adopta una posición prudente, enfatizando la importancia de respetar la opinión de Dinamarca.
Desacuerdos internos en el partido
Resulta llamativo que dentro del propio partido se escuchen voces diversas. A comienzos de la semana, Cuca Gamarra, responsable de la renovación institucional, expresó dudas sobre si Estados Unidos había infringido el derecho internacional en Venezuela. Sin embargo, dos días después, el partido prefirió no profundizar en el tema y se limitó a declaraciones generales sobre la importancia de cumplir con los compromisos internacionales de España.
Al mismo tiempo, la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP y presidida por el ex presidente José María Aznar, condenó duramente las acciones de Trump, acusándolo de intentar “colonizar” Venezuela y calificando sus declaraciones como de “extrema imprudencia”. Sin embargo, dentro del propio partido se distancian de la postura de FAES, subrayando que se trata de una entidad independiente.
Política y acusaciones
El PP no pierde la oportunidad de acusar al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la crisis venezolana para desviar la atención de los problemas internos y los escándalos de corrupción que rodean al PSOE. Según representantes del partido, el actual gabinete ha renunciado al liderazgo internacional y ha olvidado el destino de los presos políticos venezolanos.
En los últimos meses, la crítica al régimen de Maduro se ha convertido en uno de los ejes centrales de la retórica de política exterior del PP. Sin embargo, cuando se trata de la actuación de Estados Unidos, el partido prefiere no adoptar una postura clara, lo que genera dudas sobre la coherencia y los principios de su enfoque.
Paralelismos con Gaza
La situación con Venezuela recuerda sorprendentemente a la actitud del PP durante el debate sobre la operación israelí en Gaza. Entonces, el partido también evitó dar una valoración propia, remitiéndose a los tribunales internacionales. La portavoz parlamentaria Ester Muñoz afirmó claramente que quienes deben determinar si lo ocurrido es un genocidio son los jueces, no los políticos.
Este tipo de actuación permite al PP esquivar polémicas y no perjudicar las relaciones con socios internacionales clave. Sin embargo, para los votantes y observadores, parece más bien un intento de eludir responsabilidades y de no posicionarse con claridad ante los temas más relevantes de la política internacional.
