En España estalla un nuevo escándalo de corrupción, cuyo epicentro son los exdiputados del Partido Popular, Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui. La Audiencia Nacional ha ordenado procesarlos por su implicación en una compleja trama relacionada con la obtención de contratos millonarios en Argelia. Según la investigación, ambos políticos usaron sus cargos para establecer contactos con funcionarios extranjeros, lo que les permitió facilitar acuerdos ventajosos para empresas españolas.
Las acusaciones incluyen corrupción en transacciones comerciales internacionales, aceptación de sobornos, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. En el caso figuran no solo los exparlamentarios, sino también otras 21 personas y cinco empresas, entre las cuales destaca la firma Electrificaciones del Norte SA (Elecnor). Para algunos implicados, la investigación se ha ampliado con sospechas de blanqueo de capitales.
Según los documentos del caso, Gómez de la Serna y Arístegui, contando con el estatus de funcionarios y diputados, desde 2009 empezaron a ofrecer servicios de consultoría a empresas interesadas en expandirse a mercados internacionales. Por sus servicios recibían pagos mensuales fijos y, en caso de firmar contratos exitosos, comisiones adicionales. La investigación sostiene que su posición oficial fue el factor decisivo para que las empresas accedieran a pagar sumas importantes, incluso sin garantía de resultados.
Se presta especial atención a los contratos en Argelia, donde empresas españolas, con la ayuda de intermediarios, obtuvieron importantes adjudicaciones públicas. Entre ellos destacan la construcción de una planta desalinizadora en Souk Tleta por 250 millones de euros y una línea de tranvía en Ouargla valorada en 230 millones. Para promover los intereses de las firmas españolas se recurrió a contactos con funcionarios locales, quienes, según la investigación, recibieron considerables pagos a través de una red de intermediarios. Según la fiscalía, toda esta actividad era conocida por la dirección de Elecnor y otras empresas implicadas.
La investigación abarca el periodo de 2009 a 2016, cuando los acusados compaginaban sus cargos parlamentarios con actividades privadas, y Arístegui ejercía al mismo tiempo como embajador en varios países asiáticos. Los investigadores consideran que la falta de control y transparencia en la gestión de las empresas facilitó la puesta en marcha de un esquema para obtener y mantener contratos en el extranjero mediante sobornos y contactos personales.
