La situación en la sala civil del Tribunal Supremo de España se ha vuelto crítica: ante la avalancha de demandas, los jueces se ven obligados a buscar nuevas vías de solución. La decisión de enviar miles de casos a mediación afecta directamente a miles de españoles que llevan años esperando justicia. Es la primera vez que se deriva un número tan importante de litigios a métodos alternativos de resolución de conflictos, lo que podría transformar el enfoque hacia las demandas colectivas en el país.
El aumento repentino de la carga se debe a demandas colectivas relacionadas con disputas bancarias y condiciones contractuales, así como casos contra el cártel de fabricantes de camiones. Solo en el último año, la sala ha recibido más de 13.000 nuevos casos, y el número total de asuntos no resueltos ha alcanzado casi los 28.000. Los jueces reconocen que el sistema no estaba preparado para semejante volumen y que los recursos ya están agotados.
Crisis de demandas colectivas
Los jueces señalan que el 60% de los casos corresponden a lo que llaman carga judicial masiva. Principalmente se trata de disputas con bancos y reclamaciones por condiciones contractuales injustas. Destacan especialmente las demandas contra fabricantes de camiones, en las que se denuncia un pacto ilegal entre las mayores empresas europeas para aumentar precios y retrasar la introducción de tecnologías ecológicas. Los compradores españoles han obtenido el derecho a exigir compensaciones, lo que ha provocado una oleada de recursos en los tribunales.
El Tribunal Supremo ya ha establecido una postura clara sobre las cuestiones clave de estos casos. Sin embargo, cada nueva solicitud requiere un examen individual, lo que ha provocado una sobrecarga. Los jueces subrayan que su función es resolver disputas únicas y complejas, no repetir las mismas decisiones en miles de casos idénticos.
La mediación como solución
En un contexto donde el 16% de todos los casos no resueltos se refieren precisamente al cártel de camiones, el tribunal ha tomado una decisión sin precedentes: más de 4.000 de estos litigios serán remitidos a mediación. Esto implica que las partes deberán intentar llegar a un acuerdo sin la intervención judicial, utilizando la jurisprudencia existente como referencia. Los jueces consideran que la mayoría de estos casos no plantean nuevas cuestiones legales y, por tanto, pueden resolverse de manera más rápida y eficaz.
La mediación sigue siendo voluntaria, pero el tribunal advierte: si las partes deciden continuar el litigio en los tribunales, podrían asumir el riesgo de pagar todos los gastos judiciales. El Tribunal Supremo estima que los implicados ya disponen de suficiente información para prever el desenlace, por lo que prolongar el proceso carece de sentido.
Consecuencias para el sistema
En los últimos años, el tribunal ha instado reiteradamente a las partes a negociar y evitar los pleitos, aunque no todos respondieron a ese llamamiento. Actualmente siguen examinándose más de 4.200 casos y otros 350 esperan que se fije la fecha de audiencia. Ahora todos serán tratados dentro del marco de la mediación, lo que debería aliviar la carga de los jueces y agilizar el proceso para los demás asuntos.
La ley recientemente aprobada para mejorar la eficiencia del sistema judicial ha otorgado un papel especial a la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos. En ciertos casos, las partes están obligadas a intentar llegar a un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Esta innovación busca combatir los abusos y comportamientos desleales durante el proceso.
En los últimos años, España se enfrenta a un aumento de demandas colectivas, especialmente en los ámbitos financiero y de derechos de los consumidores. Crisis similares ya habían surgido en casos sobre hipotecas bancarias y disputas de servicios públicos. En aquel entonces, los tribunales también se vieron obligados a buscar soluciones alternativas para evitar la parálisis del sistema. La introducción de la mediación obligatoria y el desarrollo de procedimientos alternativos fue una respuesta a los retos de la época y un intento por mantener el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
