Valencia conmemora el aniversario de la devastadora DANA que se cobró la vida de 229 personas. En este día se celebra un luto oficial en la capital de la región, con la presencia del rey Felipe VI. Sin embargo, la atención pública no solo se centra en el recuerdo de las víctimas, sino también en la figura de Carlos Mazón, presidente de la autonomía, que se encuentra en el epicentro de una investigación judicial y tensiones internas en su partido.
La investigación sobre la actuación de las autoridades durante la jornada de la catástrofe está ganando intensidad. La jueza de Catarroja sigue recopilando pruebas que apuntan a que la alerta sobre el peligro inminente se envió demasiado tarde. Según la investigación, la señal de alarma llegó a los teléfonos móviles de los ciudadanos a las 20:11, cuando la mayoría de las víctimas ya no podían salvarse. Además, se descubrió que, una hora antes, representantes del Gobierno central solicitaron comunicar urgentemente la advertencia a la población, pero esta petición no se atendió a tiempo.
El descontento crece dentro del partido de Mazón. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente regional explicaciones exhaustivas sobre sus decisiones durante las horas críticas. Mazón ha cambiado en varias ocasiones su versión de los hechos, alimentando aún más las sospechas. Según registros telefónicos y testimonios de testigos presenciales, no llegó a su despacho hasta las 19:45, a pesar de que oficialmente se había afirmado lo contrario.
La presión social tampoco disminuye. El pasado fin de semana, miles de ciudadanos volvieron a salir a las calles para protestar por la gestión de los servicios el día de la tragedia. Algunas familias de las víctimas se manifestaron abiertamente en contra de la participación de Mazón en la ceremonia de homenaje, considerándolo responsable del retraso en dar la alerta.
Figuras clave y nuevos detalles de la investigación
La atención está centrada en las próximas audiencias, donde declararán testigos, incluida la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón pasó parte del día de la tragedia. Su testimonio podría arrojar luz sobre dónde se encontraba el presidente en los momentos más cruciales. Además, ya ha declarado en el juzgado la responsable del servicio de emergencias, quien confirmó que la señal de alarma podía haberse enviado mucho antes, pero la decisión se demoró por cuestiones internas.
El gobierno regional prefiere no comentar los nuevos detalles, limitándose a afirmar que ya se han dado todas las explicaciones necesarias. Sin embargo, la sociedad y el entorno político exigen transparencia y asunción de responsabilidades. La dimisión de uno de los principales coordinadores de la recuperación de las zonas afectadas solo ha incrementado la sensación de crisis en la gestión.
Tensiones internas y el futuro de Mazón
En el seno del Partido Popular se debate la posibilidad de un cambio de liderazgo en la región. Tras una serie de decisiones fallidas y la presión de la oposición, la posición de Mazón se ha debilitado notablemente. Su futuro depende en gran medida de cómo se defienda ante las comisiones en el Congreso, el Senado y el parlamento autonómico. La pregunta principal para todas las partes sigue siendo por qué la alarma se envió con retraso.
Mientras tanto, los ciudadanos de Valencia y de todo el país esperan respuestas, mientras la investigación judicial sigue su curso. El aniversario de la tragedia se ha convertido no solo en un día de recuerdo, sino también en un momento en que la sociedad exige cambios y honestidad a sus dirigentes.
