En España, de las 149 ciudades que por ley deben implementar zonas de bajas emisiones (ZBE), solo 55 ya han adoptado estas restricciones. Esto representa aproximadamente el 37% del total, lo que evidencia una aplicación lenta y desigual de los requisitos.
La obligación de crear estas zonas está recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, así como en el Real Decreto 1052/2022. Sin embargo, en la práctica, el proceso avanza con retrasos, lo que afecta negativamente al desarrollo de la electromovilidad en el país.
El fabricante de vehículos eléctricos Velca señala que el problema no solo radica en la lenta implantación de las ZBE, sino también en la falta de incentivos eficaces para fomentar el uso de medios de transporte sostenibles. Además, la infraestructura de puntos de recarga sigue siendo insuficiente, sobre todo para motos y scooters eléctricos.
En España, más de un millón de motocicletas siguen circulando sin distintivos medioambientales, lo que apunta a un bajo nivel de conciencia e interés hacia este segmento. Para acelerar la electrificación, se requieren medidas políticas orientadas a generar confianza y facilitar el uso para los usuarios.
Velca también destaca que el tiempo medio de espera para recibir el apoyo estatal a través del programa Moves III alcanza los dos años. Además, diez regiones, incluyendo Aragón, Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla, aún no han puesto en marcha sus programas de apoyo a la movilidad eléctrica.
En las regiones donde las subvenciones están disponibles, como en Madrid, los fondos se agotan muy rápido y muchas personas interesadas quedan en lista de espera para recibir la ayuda.
Además, los expertos instan a desarrollar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos de dos ruedas al mismo nivel que para automóviles. Como solución, proponen ampliar la instalación de enchufes domésticos de 220 V en espacios públicos como calles, garajes y edificios residenciales, lo que permitiría cargar motos y scooters en unas pocas horas con un coste mínimo.
