
En España se intensifica una nueva etapa en la lucha contra el alquiler ilegal de viviendas a turistas. Esta semana, el gobierno tiene previsto notificar oficialmente a las principales plataformas digitales la obligación de retirar de sus listas más de 53.000 propiedades que no cumplen con los requisitos establecidos. Se trata de apartamentos que se alquilan por cortos períodos sin los permisos y la inscripción necesarios.
La cuestión del alquiler turístico es desde hace tiempo uno de los temas más candentes en la política española. Esto se percibe especialmente en Andalucía y, en concreto, en la provincia de Málaga, donde en los próximos meses se celebrarán elecciones regionales. En plena campaña electoral, el presidente Pedro Sánchez presentó en Málaga una iniciativa que podría cambiar de manera significativa el mercado de alquiler. Según declaró, el gobierno pretende centrarse en los intereses de los jóvenes y las familias, que cada vez encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda asequible para residir de manera permanente.
España fue el primer país de Europa en crear un registro único de viviendas temporales. Este sistema, que se puso en marcha a comienzos de año, permite rastrear todas las propiedades que se alquilan a turistas y detectar infracciones. Desde el inicio del registro, se han recibido más de 330.000 solicitudes de inscripción, de las cuales casi el 80% corresponden a alquileres turísticos. Sin embargo, alrededor del 20% de las solicitudes fueron rechazadas; precisamente estos inmuebles ahora se enfrentan a la posibilidad de ser eliminados de las plataformas.
Las autoridades enfatizan que estas medidas son necesarias para combatir el fraude y estabilizar el mercado de alquiler. En los últimos años, las grandes ciudades y las zonas costeras han experimentado un fuerte aumento en los precios de la vivienda, atribuido a la conversión masiva de apartamentos al segmento de alquiler a corto plazo para turistas. Esto ha generado descontento entre los residentes locales, quienes se enfrentan a la falta de opciones asequibles para alquileres de larga duración.
Se espera que la eliminación de decenas de miles de anuncios en plataformas populares ayude a devolver parte de los pisos al mercado de alquiler permanente. Las autoridades confían en que esto facilite la situación para jóvenes y familias, además de reducir la tensión social en regiones donde el turismo tiene especial relevancia. En las próximas semanas se verá cómo responden las plataformas y los propietarios a los nuevos requisitos.





