
En la sala del juzgado de Catarroja esta semana se escucharon declaraciones que podrían cambiar el rumbo de la investigación sobre una de las tragedias más graves de los últimos años en Valencia. El exdirector del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, afirmó que se enteró de la retirada de sus efectivos de la zona de Poyo varios días después de la tragedia. Precisamente allí, en el barranco desbordado, se produjo el drama que cobró la vida de 230 personas en 2024.
Basset compareció ante el tribunal como testigo. Sus palabras se dieron en un contexto de investigación abierta sobre las circunstancias que provocaron la muerte de tantas personas. Según explicó, sólo tuvo conocimiento de que los bomberos habían abandonado la zona de peligro cuando un portavoz de prensa del Gobierno valenciano le preguntó directamente por el motivo de esa decisión. Hasta ese momento, sostuvo Basset, desconocía tanto la evacuación como las razones por las que se había realizado.
Durante el interrogatorio, Basset recalcó que no fue informado ni de los planes de vigilancia sobre los barrancos ni de la retirada de los equipos de rescate. Una vez supo lo ocurrido, empezó a recabar detalles. Según relató, el técnico Antonio Mira le explicó que la retirada se decidió por el nivel del agua y las mediciones hechas al mediodía. Esto, según Basset, fue lo que motivó su desafortunado comentario, que más tarde tendría un gran eco mediático.
Horas críticas
En abril, ya jubilado, Basset contó que el día de la catástrofe se perdió el seguimiento de Poyo cuando sus subordinados se fueron a almorzar. Los bomberos abandonaron la zona de peligro alrededor de las 15:00, una hora y media antes de que el caudal de agua rompiera las defensas e inundara las localidades de Chiva y Cheste, donde viven miles de personas.
En el juicio, Basset describió en detalle su labor en el gabinete de crisis Cecopi, que coordinaba la actuación de los servicios durante la emergencia. Recordó que solo a las 17:30 recibió información sobre la amenaza real de rotura de la presa de Forata en Yátova. Si la presa hubiera cedido, el número de víctimas podría haber alcanzado las ocho mil personas. En ese momento, junto con el subdirector del servicio de emergencias, Jorge Suárez, propuso advertir de inmediato a la población sobre la necesidad de subir a las plantas superiores. Sin embargo, según él, nadie respondió a esta propuesta.
Basset señaló que no sabe quién ni dónde se tomó la decisión de enviar la alerta masiva Es Alert a las 20:11. Para entonces, según la investigación, ya habían fallecido al menos 155 personas y el destino de otras 39 estaba prácticamente sellado. El propio Basset se enteró de la existencia de este aviso solo cuando lo recibió en su teléfono.
Desacuerdos y matices
Durante las audiencias se reveló que sobre la primera víctima en la ciudad de Utiel el centro Cecopi fue informado entre las 18:30 y las 19:00. Esto contradice las declaraciones del expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, quien anteriormente afirmó que conoció la existencia de víctimas mortales únicamente al día siguiente de la tragedia. Así, el testimonio de Baset pone en duda la versión oficial de los hechos presentada ante la comisión parlamentaria que investiga la catástrofe.
La jueza ha ordenado nuevas comparecencias con la presencia de Baset, considerándolo una figura clave para esclarecer el papel de los servicios de emergencia en las horas críticas. Su testimonio podría arrojar luz sobre por qué las decisiones se tomaron con retraso y quién asume la responsabilidad por la falta de coordinación entre los organismos.
Interrogantes sin resolver
Antes de iniciar la sesión, Baset aseguró que el día de la tragedia no discutió con el subdirector de emergencias Suárez ni se opuso al envío de la alerta Es Alert. No obstante, sus declaraciones no disipan las dudas sobre por qué la información sobre la retirada de los equipos de rescate no llegó a tiempo a la dirección y por qué se envió la alerta de emergencia cuando la situación ya estaba fuera de control.
El caso de DANA ha vuelto a poner en evidencia las debilidades del sistema de respuesta ante emergencias. Las declaraciones del exjefe de bomberos de Valencia resultan preocupantes: si incluso las figuras clave no recibían información a tiempo, ¿cómo se puede hablar de una coordinación efectiva entre los servicios? Estas preguntas deberán ser resueltas por la justicia; mientras tanto, solo queda seguir atentos a cómo evolucionan los hechos y esperar que la tragedia no se repita.












