
En Mallorca se ha detectado un volumen significativo de alquileres turísticos ilegales. Según las autoridades locales, casi el 40% de los alojamientos ofrecidos en las populares plataformas online no están registrados oficialmente. Esto significa que cada mes funcionan sin control ni garantías necesarias unas 8.000 viviendas y aproximadamente 42.000 plazas turísticas.
Durante un año, los especialistas analizaron alrededor de 400.000 anuncios empleando tecnologías avanzadas e inteligencia artificial. Como resultado, se procesaron cerca de diez millones de datos, lo que permitió obtener una visión objetiva de la situación en el mercado de alquileres de corta duración.
Las autoridades señalan que cuatro de cada diez viviendas en alquiler no figuran en los registros oficiales. Esto genera competencia desleal para los propietarios que cumplen todas las normativas legales. La administración de Mallorca tiene previsto continuar identificando infractores y reforzar la lucha contra los alquileres ilegales para proteger el sector turístico legal.
El mayor número de pisos turísticos ilegales se ha detectado en Palma, donde hay más de mil alojamientos de este tipo. Le siguen los municipios de Pollença (756 viviendas), Alcúdia (687), Santa Margalida (467), Calvià (413), Capdepera (388) y Manacor (374).
Las autoridades de las Islas Baleares ya han tomado una serie de medidas para limitar el crecimiento incontrolado del alquiler turístico. En mayo del año pasado, el parlamento regional aprobó una ley que prohíbe la emisión de nuevas licencias para el alquiler de pisos en edificios de apartamentos. Además, se han incrementado las sanciones por actividades ilegales —ahora pueden alcanzar hasta 500 mil euros.
También se ha implementado un procedimiento especial que permite reconvertir inmuebles turísticos en desuso o no rentables en viviendas de precio limitado. Esta medida busca aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda para los residentes locales.
Las autoridades subrayan que la lucha contra el alquiler ilegal continuará, y que los nuevos datos servirán de base para futuros cambios en la regulación del sector turístico. El objetivo principal es garantizar la transparencia del mercado, apoyar a los empresarios legales y crear condiciones para el desarrollo sostenible del turismo en Mallorca.











