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El Congreso de España debate las barreras burocráticas para las mujeres refugiadas

Obstáculos en la búsqueda de asilo: la burocracia pone en peligro la vida de las mujeres

Las mujeres que solicitan asilo en España se enfrentan a procesos largos y numerosos rechazos. Solo el 13% de las solicitudes obtienen protección. Sus historias revelan los riesgos reales y las trampas burocráticas.

A comienzos de semana, el Congreso de España fue escenario de los testimonios de tres mujeres que, tras su propia experiencia, mostraron lo complejo que puede ser el proceso para obtener asilo. Sus historias ilustran de manera contundente cómo la burocracia y los procedimientos interminables pueden poner en riesgo no solo los derechos, sino también la propia vida de quienes se ven obligados a buscar protección fuera de su país.

María Gallego Calate, quien llegó de Guatemala en 2019, se enfrentó a la imposibilidad de mantener a su familia después de recibir una denegación de asilo. La pandemia la sorprendió en España, donde trabajaba en una residencia de ancianos —uno de los lugares más peligrosos durante la propagación del virus—. Perder el empleo por la retirada del estatus de refugiada dejó a su familia al borde de la supervivencia. Ahora, María está a punto de obtener el tan esperado documento, pero sus hijos, que alcanzaron la mayoría de edad, aún no han conseguido regularizar su situación.

La familia Gallego Calate ya había atravesado tragedias: el padre perdió la vida durante el genocidio guatemalteco y la madre, Ana Calate, fue una de las primeras en luchar por los derechos de las personas desaparecidas. Aunque obtuvieron victorias en tribunales internacionales, la familia estuvo bajo persecución constante. Sin embargo, no solo la violencia política obliga a las mujeres a dejar su país: las dictaduras suelen ser fuente de múltiples amenazas para ellas.

Mujeres latinoamericanas: nuevos desafíos en España

Junto a María, también compartieron sus historias Nora Rugama de Nicaragua y Marta Ramírez de Cuba. Todas ellas recibieron el apoyo de la Asociación de Mujeres de Guatemala, que les ayuda a superar las dificultades burocráticas. La abogada Adilia de las Mercedes presentó a los diputados un informe en el que se destaca que España ocupa el segundo puesto en Europa por número de solicitudes de asilo, pero su tasa de aprobación es una de las más bajas. En 2024, solo el 13% de los solicitantes obtuvo protección, mientras que la media de la UE supera el 50%.

Los procesos judiciales rara vez dan resultado: solo el 4,5% de los casos se resuelven a favor de los refugiados, lo que también está muy por debajo de los estándares europeos. Las mujeres que ya han sufrido violencia y persecución en sus países de origen se enfrentan ahora a nuevos retos —esta vez en forma de colas interminables, dificultades para acceder a citas y un tratamiento burocrático y formalista de sus casos.

Historias de vida: de la lucha por sus derechos a nuevas barreras

Nora Rugama, dedicada a ayudar a víctimas de abuso sexual en la infancia, se vio obligada a abandonar Nicaragua tras recibir amenazas del régimen. En España fue la primera vez que comprendió que encajaba en la definición de refugiada e intentó solicitar el estatus. Sin embargo, los obstáculos burocráticos no le permitieron ni siquiera alquilar una vivienda, y según relata, el sistema de citas se ha vuelto prácticamente inaccesible para la gente común.

Marta Ramírez, periodista y activista cubana, también enfrentó dificultades al intentar acceder a la atención médica para su hija. En un país donde el feminismo se considera innecesario y los derechos de las mujeres supuestamente están garantizados, se vio obligada a abandonar su tierra natal por la seguridad de su familia. Su trayectoria hacia España fue el camino inverso al de sus antepasados, quienes huyeron de España durante la Guerra Civil.

Problemas sistémicos y exigencias de reformas

Una abogada de la Asociación de Mujeres de Guatemala subrayó que el acompañamiento de un solo caso de complejidad media requiere hasta 125 horas de trabajo, un tiempo que muchas no tienen. Algunas mujeres esperan más de un año solo para poder presentar sus documentos, sin ni siquiera la posibilidad de pedir cita. En el Congreso, se exigió reducir los plazos a 15 días, implementar servicios en línea y por teléfono, y contemplar la perspectiva de género en los procesos para evitar la revictimización de las solicitantes.

Hoy, según las participantes en las audiencias, incluso las largas colas nocturnas de antes parecen más justas que el sistema actual, en el que la posibilidad de obtener protección se vuelve cada vez más remota.

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