
En el sector educativo de Cataluña aumenta la tensión: el personal de los centros lleva meses manifestándose para exigir mejores condiciones laborales. El motivo principal es la falta de diálogo real con las autoridades, lo que está relacionado con la continua rotación de responsables en el departamento correspondiente. En el último año y medio, ha habido tres cambios en la dirección de servicios, y ninguno de los directores logró establecer un contacto constructivo con los sindicatos.
Los trabajadores de centros educativos, entre los que se encuentran educadores de guarderías, especialistas en apoyo a niños con necesidades especiales, integradores sociales y profesores de formación profesional, se sienten discriminados frente a los maestros. Sus salarios apenas superan el mínimo y, a menudo, su carga de trabajo es mayor que la de los docentes. La situación afecta especialmente a las mujeres, que son mayoría en este sector. Muchas de ellas se ven obligadas a buscar ayudas adicionales para llegar a fin de mes.
Los sindicatos señalan que la falta de estabilidad agrava la situación: cada nuevo responsable de educación promete cambios, pero abandona el cargo antes de poner en práctica cualquier medida. Como resultado, las negociaciones se reducen a un intercambio de información meramente formal, sin llegar a acuerdos reales. Esto genera la sensación entre los trabajadores de que sus problemas se ignoran deliberadamente para evitar gastos adicionales y cambios en el sistema.
Reivindicaciones y nuevas protestas
El colectivo de trabajadores de la educación se ha unido en torno a varias demandas clave. Entre ellas destacan la reducción de la jornada laboral para los empleados mayores de 55 años, el aumento del número de plazas fijas y una subida salarial del 25% para equiparar los sueldos a su categoría profesional. Además, los sindicatos insisten en la creación de un cuerpo específico de especialistas en apoyo educativo con contratos estables, para poner fin a la dependencia de programas temporales y financiación externa.
En septiembre, los trabajadores ya convocaron una huelga y durante el mes organizaron piquetes frente a la sede del departamento de educación. El siguiente paso en su lucha será participar en una gran manifestación prevista para mediados de noviembre en Barcelona. Allí volverán a reclamar: subida de salarios, reducción del número de alumnos por aula, eliminación de normativas polémicas y mayor inversión en educación inclusiva.
Preguntas al parlamento
Paralelamente a las protestas en la calle, los sindicatos buscan que sus propuestas sean debatidas en el parlamento. En los próximos días, los diputados discutirán un proyecto de resolución que contempla el reconocimiento de un estatus especial para el personal de apoyo educativo, el aumento de sus salarios y la creación de nuevas plazas fijas. También se plantea añadir más puestos administrativos para reducir la carga burocrática en los centros y dar a los docentes más tiempo para trabajar con el alumnado.
Por ahora, las autoridades de Cataluña no se apresuran a responder a las demandas de los sindicatos, pero la presión por parte del personal educativo y la sociedad sigue creciendo. La cuestión sobre el futuro del sistema educativo en la región se vuelve cada vez más urgente, y de las decisiones que se tomen en los próximos días dependerán no solo el bienestar de miles de trabajadores, sino también la calidad de la educación para las nuevas generaciones.






