
Dentro de la sección gallega del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha estallado un serio conflicto. Tras conocerse que el líder del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, estaba al tanto de las denuncias de acoso sexual contra una de las figuras clave del partido dos meses antes de que salieran a la luz en los medios, la situación en la organización se ha agudizado considerablemente. El descontento interno se ha traducido en dos cartas abiertas y la recogida de más de quinientas firmas, entre ellas de antiguos y actuales políticos de las cuatro provincias de la región.
Las críticas a la dirección no se limitaron a los militantes de base. Incluso los expresidentes de Galicia, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, manifestaron públicamente su desacuerdo con las acciones de Besteiro. Sin embargo, el propio líder insiste en que actuó correctamente e informó sobre la aparición de una nueva denuncia, esta vez contra uno de sus críticos: el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel.
Cartas abiertas y protestas
La indignación entre los socialistas no solo fue provocada por el caso de acoso en sí, sino también por la manera en que la dirección del partido gestionó la situación. En Lugo, un grupo de activistas difundió un manifiesto exigiendo aclarar todos los detalles del caso de José Tomé y no tener miedo de asumir responsabilidades. A esa carta se sumaron otras iniciativas, en particular la de 70 mujeres socialistas, que ya cuenta con el apoyo de más de 450 personas, incluidos destacados políticos y alcaldes de distintas provincias.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aunque no ocupa cargos oficiales en la delegación regional, también se pronunció sobre la situación. Señaló que el partido cometió errores en el manejo de la denuncia y tardó demasiado en trasladar la información a otras instituciones. A su juicio, ahora lo importante es sacar conclusiones para evitar que esto vuelva a suceder.
Reacción de la dirección
El secretario del partido, Besteiro, reconoció que tuvo conocimiento de las denuncias ya en octubre, pero no directamente de la víctima, sino de una persona cercana a ella. Asegura que aconsejó a la mujer presentar una denuncia formal y también preguntó a Tomé sobre lo ocurrido, pero él lo negó todo. Besteiro solo informó de lo sucedido a dos personas de confianza, responsables de los asuntos organizativos en Galicia y Lugo.
El resto de la dirección, incluida la presidenta del partido, Carmela Silva, y la responsable de Igualdad, Silvia Fraga, no fueron informados. Fraga dimitió en señal de protesta, en desacuerdo con la manera en que el partido respondió a las acusaciones. Caballero considera que su opinión fue ignorada y pide a Besteiro que convenza a Fraga de que permanezca en el cargo.
Nuevas acusaciones y dimisiones
Poco después de que estallara el escándalo, se supo de otra denuncia, presentada a través del canal especial del partido contra el acoso. En esta ocasión se trata del alcalde de Barbadás, Valcárcel, acusado de represalias laborales contra una activista que previamente había denunciado acoso sexual por parte de un ex miembro de su equipo.
Valcárcel, quien firmó una de las cartas críticas dirigidas a la dirección, ahora se encuentra en el centro de la atención. Se exige su destitución de todos los cargos, pero él se negó a abandonar la alcaldía y el consejo provincial, limitándose a anunciar su salida del partido. En respuesta, acusó a Besteiro de negligencia y pidió su dimisión.
Posturas y discrepancias
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, prefirió no comentar la situación ni exigir la dimisión de Besteiro. Al mismo tiempo, dentro del partido continúan los debates sobre quién y cómo debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Muchos insisten en la necesidad de transparencia y en el apoyo a las víctimas, así como en tomar decisiones inmediatas sobre el personal en caso de que surjan nuevas acusaciones.
Besteiro, pese a la presión, no tiene intención de dimitir. Afirma que actuó dentro de la legalidad, ya que solo la víctima puede presentar una denuncia oficial. Además, enfatiza que respeta la opinión de sus compañeros y de quienes participan en las protestas, pero considera que sus acciones han sido correctas y oportunas.












