
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Carles Puigdemont ha supuesto un giro inesperado para todo el panorama político de España. Por primera vez en mucho tiempo surge una perspectiva real de cambio en el equilibrio entre Madrid y Barcelona. Para muchos españoles no se trata solo de una disputa jurídica, sino de una cuestión relacionada con el futuro de las relaciones entre el centro y las autonomías.
El Tribunal de la UE concluyó que la retirada de la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, así como a Toni Comín y Clara Ponsatí, se realizó en contra del principio de imparcialidad. En la resolución se señala que el ponente del caso, Angel Dzhambazki, no reunía los requisitos de neutralidad por haber participado en actos públicos a favor de la detención de Puigdemont. Este hecho fue determinante para anular las decisiones del Parlamento Europeo y el fallo anterior del tribunal europeo.
Impacto sobre la amnistía
Cinco jueces que firmaron esta resolución participarán también en la revisión del tema de la amnistía para los implicados en el proceso catalán. En los círculos políticos de Cataluña se ha interpretado esto como una señal: si los jueces mantienen su postura, las posibilidades de que se apruebe la ley de amnistía aumentan considerablemente. Desde Junts consideran que este escenario podría propiciar la reanudación del diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez.
En noviembre de 2025, Junts anunció la ruptura con los socialistas, acusándolos de incumplir los acuerdos alcanzados. Sin embargo, tras la reciente decisión del Tribunal de la UE, el entorno de Puigdemont ha insinuado la posibilidad de revisar esta postura. En Madrid tampoco descartan que la nueva realidad jurídica abra el camino para restablecer los contactos políticos.
Consecuencias políticas
La decisión del tribunal de la UE no solo revoca el levantamiento de la inmunidad, sino que también pone en duda la legitimidad de las acciones del Parlamento Europeo y de su presidenta, Roberta Metsola. Puigdemont y sus aliados sostienen que el proceso estuvo motivado políticamente y fue impulsado por la presión de los partidos españoles — desde socialistas hasta conservadores y ultraderechistas.
Aunque Puigdemont ya no es eurodiputado, su caso se ha convertido en símbolo de la lucha por los derechos de las minorías y la autonomía. En Cataluña, la resolución judicial se ha recibido como una victoria del principio de justicia y de la independencia del poder judicial. Paralelamente, el Tribunal Constitucional de España no se apresura a anular la orden nacional de detención contra Puigdemont, a pesar de las decisiones europeas.
Expectativas y riesgos
En los próximos meses, la Gran Sala del Tribunal de la UE, compuesta por los mismos cinco jueces, emitirá su resolución definitiva sobre las cuestiones relacionadas con la ley de amnistía. En Cataluña se espera que, si los jueces mantienen la coherencia, esto siente un precedente para toda Europa. En Madrid, en cambio, temen que un resultado así refuerce a los separatistas y complique la política interna.
Puigdemont, pese a la cautela en sus declaraciones públicas, confía en que el tribunal reconozca las vulneraciones del principio de un juicio justo y del derecho a la defensa. En su entorno se habla de una “caída de barreras” entre Cataluña y el gobierno central si Luxemburgo respalda su postura también respecto a la amnistía. En ese caso, la cuestión de la ruptura con Madrid podría ser replanteada.
Contexto y precedentes
En los últimos años, las decisiones de los tribunales europeos han sido en varias ocasiones catalizadoras de cambios en la política española. Así, en 2021, un caso similar sobre la inmunidad de otros políticos catalanes provocó una ola de protestas y un replanteamiento de posiciones en Madrid. En 2023, el Tribunal Europeo ya había criticado las acciones de las autoridades españolas en materia de derechos de las minorías, lo que llevó a la modificación de varias leyes.
Los procesos judiciales en torno al movimiento catalán siguen en el centro de atención no solo en España, sino también en Bruselas. Cada nuevo veredicto se percibe como un mensaje para otras regiones de Europa, donde las cuestiones de autonomía y derechos de las minorías también tienen gran relevancia. En breve se espera que las decisiones sobre amnistía e inmunidad sean objeto de debate al máximo nivel en la UE.












