En España se han registrado nuevos casos de estafas dirigidas a migrantes recién llegados de países de Sudamérica. Al encontrarse sin papeles oficiales y sin posibilidad de empleo, estas personas suelen buscar cualquier vía para regularizar su situación. En este contexto, se convierten en presa fácil de bandas criminales que les prometen trámites acelerados de documentación a cambio de grandes sumas de dinero — desde 1.000 hasta 8.000 euros.
Las víctimas, al desconocer las normas locales, a menudo piden dinero prestado a conocidos o familiares para pagar los servicios de los estafadores. Como resultado, no solo pierden su dinero, sino que también corren el riesgo de que les nieguen la regularización por utilizar documentos falsificados. En caso de ser detenidos por falsificación de documentos, las posibilidades de obtener un estatus legal en el futuro prácticamente desaparecen.
En mayo de 2025, la policía detuvo a 12 personas de entre 35 y 45 años, sospechosas de participar en este esquema delictivo. En Guadalajara fueron arrestados cinco miembros de una banda especializada en la venta de certificados falsos de solicitud de protección internacional. Estos documentos incluían una fotografía, huella digital y código QR, pero se elaboraban utilizando datos ajenos y se vendían por unos 1.000 euros.
La policía señala que algunas víctimas, creyendo en la autenticidad de los documentos, intentaron utilizarlos para renovar permisos en las comisarías. Esta situación les ocasionaba problemas adicionales, incluidos arrestos por el uso de documentación falsa.
En Guadalajara también se detectaron casos de organización de matrimonios ficticios con la participación de familiares de uno de los líderes del grupo. Previamente, sobre estas personas ya se habían presentado denuncias por episodios similares: prometían gestionar documentos y luego desaparecían con el dinero.
En Toledo, los delincuentes actuaban bajo otro esquema. Aquí, un empleado del ayuntamiento, con acceso a bases de datos oficiales, participó en el fraude. Gestionaba permisos de residencia por el programa de reagrupación familiar a través de la web oficial del ministerio, utilizando identificadores digitales ajenos sin conocimiento de sus titulares. En un caso, los datos personales de una mujer se emplearon para solicitar 17 permisos para distintos migrantes en varias provincias, incluyendo Cádiz, León y Madrid. Todas las solicitudes fueron rechazadas tras una revisión.
La investigación comenzó en otoño de 2024 en Teruel, cuando agentes de inmigración detectaron cinco solicitudes sospechosas a nombre de una misma persona. Equipos de Madrid y la dirección central de lucha contra la inmigración ilegal se sumaron a la investigación.
En Toledo también se detectaron casos de búsqueda de “voluntarios” para matrimonios ficticios con extranjeras a cambio de una recompensa. Los participantes aceptaban falsificar documentos y registrar domicilios de manera fraudulenta. Por estos servicios, los miembros del grupo recibían entre 3.000 y 8.000 euros, según la complejidad de la operación. La investigación reveló que los delincuentes contaban con una red amplia para captar clientes y organizar los acuerdos.
A todos los detenidos se les imputan cargos de falsificación de documentos oficiales y facilitación de la estancia ilegal de extranjeros. La policía continúa investigando nuevos casos y advierte a los migrantes sobre los riesgos de recurrir a intermediarios dudosos.
