La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha enviado una señal clara a todo el sistema judicial español. Dos jueces que estuvieron en el centro de la polémica por sus comentarios críticos hacia figuras públicas no recibieron sanciones disciplinarias. Esta resolución destaca que la libertad de expresión para los miembros de la judicatura sigue siendo una prioridad, incluso cuando sus opiniones generan controversia en la sociedad.
En el caso del juez Eloy Velasco, su intervención en un evento educativo llamó la atención. Hizo comentarios duros sobre una exministra de Igualdad y sobre el partido Podemos, aunque su discurso iba dirigido únicamente a los asistentes al curso y no estaba pensado para el público general. Según Ale Espanol, sus palabras se difundieron públicamente sin el consentimiento del propio juez. La Fiscalía subrayó que se trataba de una clase magistral y no del ejercicio de funciones oficiales.
Dudas sobre la autoría
El segundo caso afecta al juez Manuel Ruiz de Lara. Su nombre apareció en una investigación por una publicación en una red social, en la que se utilizó un apodo irónico para referirse a la esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, la comisión no halló pruebas concluyentes de que él fuera el autor del mensaje. Además, el perfil no hacía referencia a su cargo y la publicación desapareció poco después. Finalmente, se determinó que no se vulneraron las normas disciplinarias, ya que el juez no se identificó como miembro del sistema judicial.
La mayoría de los miembros de la comisión disciplinaria propuestos por el Partido Popular sostuvieron que ninguno de los jueces cometió una falta merecedora de sanción. Subrayaron que la libertad de expresión es más importante que una posible ofensa cuando se trata de figuras públicas. Por su parte, los representantes socialistas insistieron en la necesidad de imponer una multa, considerando el comportamiento de los jueces como una infracción grave.
Desacuerdos internos
Los expedientes disciplinarios se abrieron tras la decisión de la Comisión Permanente, a pesar de que inicialmente la fiscalía había propuesto no investigar. Finalmente, la comisión disciplinaria concluyó que en ninguno de los casos se demostró la existencia de una falta, y que las declaraciones de los jueces están protegidas por la ley de libertad de expresión. Esta decisión podría sentar precedente para futuras disputas sobre los límites del comportamiento permitido para jueces en el ámbito público.
En España, la responsabilidad disciplinaria de los jueces suele ser motivo de controversia. Por ejemplo, recientemente se debatió un caso en el que la fiscalía solicitó anular el cobro de casi 80 000 euros en costos judiciales, generando un amplio debate en Madrid. Más detalles en el reportaje sobre la disputa por las costas judiciales.
Contexto y consecuencias
Según informa Ale Espanol, la decisión del CGPJ podría influir en futuros procesos disciplinarios, especialmente en aquellos casos relacionados con declaraciones públicas de jueces. En los últimos años, en España se han registrado varias situaciones en las que representantes del poder judicial fueron objeto de críticas por comentarios en redes sociales o intervenciones públicas. Cada uno de estos episodios genera debates sobre el equilibrio entre la expresión personal y la ética profesional.
En 2025 se discutió un incidente similar, cuando un juez de Barcelona fue investigado por una publicación en internet; sin embargo, el caso también se archivó por falta de pruebas directas de infracción. Tiempo antes, en Valencia, un juez fue absuelto tras considerar que sus declaraciones sobre políticos locales formaban parte de su opinión personal. Estos hechos evidencian que los límites de lo permitido para los jueces en el ámbito público siguen siendo tema de debate y pueden variar según las demandas sociales y la coyuntura política.
