El Tribunal Constitucional de España ha mantenido la inhabilitación para ocupar cargos públicos del ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, así como de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Los magistrados rechazaron su petición de suspender temporalmente la sanción hasta que se resuelvan de forma definitiva sus recursos contra la denegación de la amnistía por el caso de malversación durante los acontecimientos de 2017.
La cuestión se abordó en sesión plenaria, con un debate que se extendió desde principios de diciembre. Los jueces buscaban acordar una postura común en el caso relativo a los condenados por organizar el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017. Finalmente, la decisión fue unánime: no se suspenderá provisionalmente la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La decisión se basó en informes tanto de magistrados de tendencias conservadoras como de representantes del sector progresista. Todos coincidieron en que no existen motivos para adoptar medidas urgentes. Las reclamaciones de los dirigentes catalanes se presentaron después de que el Tribunal Supremo rechazara aplicarles la amnistía contemplada en el artículo sobre malversación de fondos, pese a la aprobación de la ley correspondiente.
Argumentos del tribunal
Junqueras, Turull, Romeva y Bassa fueron condenados por malversación de fondos públicos y sedición. Recibieron penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En 2021, el gobierno de Pedro Sánchez les concedió el indulto, eliminando las penas de cárcel, pero manteniendo la inhabilitación. El Tribunal Supremo decidió no aplicar la amnistía, al considerar que sus acciones encajan en las excepciones previstas por la nueva ley.
Los jueces del Tribunal Supremo argumentaron que el uso de fondos públicos para celebrar el referéndum supuso un beneficio personal para los acusados, ya que no asumieron gastos con dinero propio. Además, según el tribunal, las acciones de los líderes del “procés” podrían haber perjudicado los intereses económicos de la Unión Europea, ya que una posible salida de Cataluña de España habría afectado los ingresos del presupuesto comunitario.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de los condenados, pero aún no ha tomado una decisión definitiva. Los políticos catalanes solicitaron al menos una suspensión temporal de la inhabilitación para no tener que esperar hasta 2031, cuando expira la sanción de Junqueras. Sin embargo, los jueces rechazaron estas peticiones.
Posición de la Fiscalía
La Fiscalía del Tribunal Constitucional se opuso a la restitución temporal de los derechos de los condenados. Según los fiscales, esto equivaldría a adelantar el fallo sobre el fondo de los recursos. Además, no consideraron que mantener la inhabilitación hasta el veredicto final suponga un daño irreparable a los derechos de los políticos.
Los jueces también se basaron en la jurisprudencia consolidada: si la duración de la sanción supera el tiempo necesario para estudiar la apelación, no hay motivos para adoptar medidas urgentes. En este caso, el tribunal consideró que tendría tiempo suficiente para examinar todos los recursos antes de que expire el periodo de inhabilitación.
Las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, también influyeron en la postura del tribunal. Spielmann señaló que el derecho europeo no exige a los tribunales nacionales revocar de inmediato las medidas cautelares ni dictar sentencias absolutorias antes de que el Tribunal Europeo emita su veredicto sobre los asuntos en litigio.
Otros implicados en el caso
En una situación similar se encuentran el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comin y Lluís Puig. Ellos también recurrieron la negativa del Tribunal Supremo a concederles la amnistía por la acusación de malversación y, además, solicitaron la suspensión temporal de las órdenes nacionales de detención emitidas contra ellos.
El Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite sus recursos, pero todavía no ha resuelto sobre las medidas cautelares. Según la información disponible, es probable que sus solicitudes sean igualmente rechazadas, al igual que en el caso de Junqueras y sus colegas.
Así, todos los principales implicados en la causa por el referéndum catalán de 2017 continúan sujetos a restricciones, pese a la ley de amnistía aprobada. La decisión definitiva sobre su situación se espera para el año que viene.
