El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una importante ampliación del sistema de videovigilancia. En los próximos dos años, se instalarán 500 cámaras adicionales en las calles de la ciudad, lo que triplicará el número actual. Para 2027, la capital catalana contará con 660 dispositivos registrando lo que ocurre en los espacios públicos.
El sistema de videovigilancia en Barcelona comenzó a desarrollarse relativamente hace poco. La primera cámara se instaló en 2001 en la plaza George Orwell, en el Barrio Gótico. Hasta 2019 solo había 62, principalmente en el centro histórico y en el distrito del Eixample. Luego se incrementó la cifra hasta 160, y la última de ellas se colocó en octubre de 2024 en la calle Sant Oleguer, en el Raval.
La ampliación prevista se llevará a cabo en varias fases. En las próximas semanas comenzará la primera etapa: se instalarán 134 cámaras en la plaza Catalunya y las calles próximas, algunas de ellas para reemplazar modelos antiguos. Se prestará especial atención al paseo marítimo de la Barceloneta, donde se sumarán nuevos equipos para 2026. La segunda y la tercera oleada de expansión cubrirán otros 121 puntos, y a finales de 2027 se añadirán 245 cámaras más.
Criterios de ubicación y aspectos legales
La ubicación de las nuevas cámaras se decide en función de varios parámetros. En primer lugar, se priorizan las zonas con aumento de infracciones, lugares con conflictos vecinales y áreas donde frecuentemente se concentran multitudes. También se siguen las recomendaciones de proyectos europeos para garantizar la seguridad en eventos públicos y prevenir amenazas terroristas.
Antes de su instalación, cada cámara es sometida a la aprobación de la Comisión de Control de Videovigilancia de Cataluña y recibe luz verde de las autoridades regionales. Hasta ahora, ninguna solicitud presentada por el ayuntamiento ha sido rechazada. Todos los dispositivos están conectados a un centro de control unificado en la calle Lleida, donde solo la policía municipal tiene acceso a las grabaciones.
Tecnologías y limitaciones
Las nuevas cámaras no estarán equipadas con sistemas de reconocimiento facial ni inteligencia artificial para identificar a los ciudadanos. Su función es registrar infracciones y ayudar en la investigación de incidentes, sin vulnerar el derecho a la privacidad. En todos los puntos donde se instalarán cámaras se colocarán carteles informativos especiales.
El coste medio de cada dispositivo es de unos 28-30 mil euros. Al finalizar el proyecto, más del 5% del territorio urbano estará bajo videovigilancia. Las autoridades confían en que esto no solo permitirá esclarecer delitos, sino también reducir la sensación de inseguridad entre los vecinos, para quienes la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones.
