A partir de enero de 2026, en España entrarán en vigor nuevos requisitos para los propietarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. Ahora, para circular legalmente por calles y carreteras, será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Esta decisión fue tomada tras la aprobación de las reformas a la ley de seguro de vehículos por parte del Parlamento del país.
En los próximos meses también está previsto crear un registro especial de propietarios de este tipo de vehículos en la base de la Dirección General de Tráfico (DGT). Hasta que este registro esté en funcionamiento, los patinetes y otros vehículos eléctricos ligeros podrán circular sin condiciones adicionales. Sin embargo, ya se señala que la ausencia de un seguro obligatorio ha provocado situaciones en las que las víctimas de accidentes quedaban sin compensación y los propietarios de patinetes no podían afrontar grandes sumas debido a la falta de recursos.
Los cambios legislativos introducen el concepto de «vehículo personal ligero»: son vehículos eléctricos de una o varias ruedas, diseñados para una sola persona, con una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h y un peso de hasta 25 kg. Si el peso supera este límite, la velocidad máxima permitida se reduce a 14 km/h. En la práctica, según la policía, muchos dispositivos se modifican y pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km/h o más, lo que genera riesgos adicionales en las vías. También son frecuentes los casos en los que varias personas circulan en un solo patinete.
La introducción del seguro obligatorio tiene como objetivo equilibrar el desarrollo del transporte ecológico y la protección de las víctimas de accidentes. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España señala que una comisión especial se encargará ahora de elaborar un reglamento detallado para definir el procedimiento de contratación del seguro y el registro de los vehículos. Se espera que para principios de 2026 el país cuente con una base de datos unificada de todos los vehículos personales ligeros, a excepción de las bicicletas. La responsabilidad de gestionar el registro recaerá en la DGT, aunque los plazos exactos y los detalles aún no han sido anunciados.
Según estimaciones de la Federación de Medios de Movilidad Personal, a finales de 2023 había en España alrededor de cinco millones de patinetes eléctricos y dispositivos similares. Sin embargo, representantes de la autoridad vial consideran que el número de usuarios podría haber disminuido debido a la prohibición de transportar patinetes en el transporte público por motivos de seguridad. En algunas ciudades, como Madrid, los ayuntamientos retiraron las licencias a las empresas de alquiler de patinetes, argumentando la imposibilidad de garantizar la seguridad de los peatones y controlar los desplazamientos de los usuarios.
La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha propuesto en varias ocasiones la introducción de una inspección técnica obligatoria para los patinetes eléctricos, con el objetivo de prevenir modificaciones no autorizadas y reducir el riesgo de incendios en las baterías. A partir de 2027, solo podrán circular por las vías públicas los modelos que hayan obtenido la certificación oficial.
Además de los nuevos requisitos de seguro, la reforma también afecta el proceso de indemnización para las víctimas de accidentes de tráfico. Ahora, el procedimiento para recibir los pagos será más simple y ágil: las personas afectadas podrán recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, sin necesidad de acudir a los tribunales. También se garantizará el acceso gratuito a los informes policiales, y se reducirán los plazos para las peritaciones médicas y la elaboración de informes. Las cuantías de las indemnizaciones se actualizarán conforme a la inflación, y se ampliará la lista de situaciones en las que el fondo estatal de seguros asume el pago de las compensaciones. A partir de ahora, dichas compensaciones también se otorgarán en caso de quiebra de la aseguradora, accidentes provocados intencionadamente o ausencia de seguro obligatorio.
En resumen, las nuevas normativas tienen como objetivo aumentar la seguridad vial, proteger los intereses de todos los usuarios y fomentar el desarrollo de una movilidad sostenible en España.
