
En la pequeña localidad de Algete, en las afueras de Madrid, se está desatando una polémica en torno a una velada de lucha planificada. El evento está siendo organizado por una agrupación radical conocida por sus posturas de extrema derecha. A pesar de que la administración local no ha concedido un permiso oficial para el uso del polideportivo municipal, las entradas para la actividad ya están a la venta a través de una página web específica. El precio de acceso es de 25 euros.
El grupo detrás de este evento surgió tras las masivas protestas en la capital en 2023. Entre sus miembros se encuentran representantes de diversas corrientes ultraderechistas, incluidos falangistas y neonazis. Actualmente, la actividad de esta organización está bajo estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad, que la sospechan de incitar al odio entre comunidades.
Aunque oficialmente no se concedió la arena para los combates, los integrantes del grupo ya lograron acceder al recinto para grabar un vídeo promocional. En las imágenes muestran técnicas de boxeo y muay thai, y todos los participantes llevan zapatillas negras, populares entre jóvenes radicales. La velada cuenta con el patrocinio de una empresa que produce ropa con símbolos del grupo y emblemas nazis.
Los políticos locales expresan su preocupación. La oposición condenó enérgicamente el posible alquiler de un espacio municipal para estos fines, recordando los vínculos de los organizadores con agrupaciones extremistas prohibidas en otros países. En los registros oficiales, el grupo figura como una asociación sociopolítica, aunque desde la primavera está siendo investigado por la difusión de videos que incitan a la violencia contra migrantes.
En el último tiempo, la organización ya ha estado involucrada en varios incidentes: desde ataques a adolescentes de un refugio hasta la participación en disturbios masivos en ciudades vecinas. El alcalde de Algete prefirió no comentar la situación por teléfono y se limitó a una declaración escrita señalando que todas las decisiones sobre el uso de espacios públicos son competencia de la policía.












